El fin de Muface afectaría a unos territorios más que a otros: así es la distribución de los mutualistas

La continuidad del mutualismo administrativo continúa sobre la mesa. Tras el anuncio del Gobierno de que aumentaría la prima un 17,12 %, Óscar López, ministro de Función Pública, defendió que se trataba de «la mayor subido en la historia» y espera que con ello se firmen los convenios.

Sin embargo, aunque la cifra es superior al 14 % inicialmente propuesto, está lejos de la propuesta del 24 % que realizó la propia dirección de Muface este verano y aún más del 40 % demandado por las aseguradoras. Esto dificulta el posible acuerdo y abre la puerta a que se abra el concurso para que otras empresas concurran o bien a la desaparición del modelo y que los funcionarios pasen a formar parte del Sistema Nacional de Salud.

Pero, ¿Qué territorios de España serían los más afectados en caso de que se cumpliera esta última hipótesis? Según los datos del informe 'Impacto de las mutualidades en el Sistema Sanitario', elaborado por Accenture y la Fundación Idis, el número total de mutualistas es de 2.413.793, de los cuales 1.680.000 han elegido seguro privado.

Este colectivo supone una media del 18 % en relación con el total de asegurados a nivel nacional. Pero estas cifras varían en función de la provincia: por ejemplo, la cuota de mutualistas es mayor en Ávila (28 %), Jaén (27 %), Zamora (26 %) o Murcia (26 %), mientras que los territorios con menos mutualistas son Vizcaya (5 %), Barcelona (5 %) o Guipúzcoa (7 %).

Esto significa que, de desaparecer las mutuas de funcionarios (no solo Muface, que es la mayoritaria, sino también Isfas y Mugeju) algunas provincias podrían ver sus centros sanitarios públicos saturados al tener que asumir a más del 25 % de la población que actualmente acude a la privada.

Consecuencias del fin de Muface

El informe destaca que la sanidad privada no solo complementa al sistema público, sino que también es «esencial para garantizar una cobertura de salud completa y accesible para los ciudadanos proporcionando una infraestructura esencial». Los autores del estudio destacan que la presión sobre el ámbito de atención primaria –que ya de por sí está tensionado– se elevaría. De esta forma, si se producen tres consultas a un especialista al año por mutualista, esto supondría incrementar en más de cinco millones de visitas la atención primaria, es decir, un incremento del 2 % en el ámbito nacional.

El trabajo de la Fundación Idis identifica además que nueve provincias españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Murcia, Alicante, Granada y Cádiz) absorberían la mitad de las citas y otros territorios como Ceuta y Melilla tendrían un impacto muy superior al resto (3,75 %). Asimismo, vaticinan que la ratio de urgencias se podría ver incrementada por la falta de accesibilidad y demora a las especialidades médicas que existe con el modelo actual.

«Si del modelo actual desapareciesen las aseguradoras para los mutualistas, dicha población deberá ser atendida exclusivamente por el Sistema Nacional de Salud, lo que supondría un aumento lógico de la presión asistencial», concluye el informe. Volviendo al reparto por territorios, avanzan que la situación más crítica podría estar en la Región de Murcia, que presenta la tasa más elevadas de mutualistas por habitante y la penetración del seguro privado es baja. Situación similar se observa en Extremadura y La Rioja, regiones donde el incremento de presión asistencial aumentaría en un 5,5 % o un 6,14 % respectivamente.

Por el contrario, las comunidades autónomas con menor porcentaje de mutualistas sobre el total de la población son las Islas Baleares (1,04 %), País Vasco (1,19 %) y Cataluña (2,21 %), unas regiones que, en principio, apenas notarían una posible caída del modelo Muface.

En el conjunto de España, se calcula que podría generar un incremento del 266 % en las listas de espera para las consultas externas y provocaría «un efecto en cadena sobre los distintos actores que participan en el sector». En el caso de las listas de espera quirúrgica tendrían un aumento del 115 % pasando de 17,1 días a 19,6 días. Según los autores del trabajo, para que la sanidad pública pudiera asumir ese incremento en la demanda sería necesario acometer una serie de inversiones en corto-medio plazo par ampliar la capacidad de atención.