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Residuos plásticos las playas del Parque Natural de Carreirón, en Pontevedra

Residuos plásticos las playas del Parque Natural de Carreirón, en PontevedraEFE

Las playas de Tarragona llevan años inundadas de pellets de plástico como los de Galicia y Asturias

La Generalitat ha expedientado ahora a ocho empresas químicas por incumplir de la ley de Responsabilidad Ambiental tras cinco años de contaminación continuada

El foco mediático está puesto estos días en las playas de Galicia, Asturias y Cantabria, donde han llegado ya cientos de miles de pequeñas bolitas de plástico procedentes de un contenedor que se cayó de un buque frente a las costas de Portugal a comienzos de diciembre. Una polémica alimentada por la izquierda en el marco de la precampaña gallega, queriendo comparar este accidente con el desastre del Prestige y culpando al PP de Alfonso Rueda de lo ocurrido.

Sin embargo, esta situación ya se lleva repitiendo durante al menos cinco años en las playas de Tarragona debido a los vertidos de ocho empresas químicas ubicadas en la provincia. En concreto, se habrían recogido más de 700.000 microplásticos en 2021 y más de dos millones el 2022, si bien como ha explicado a Efe uno de los portavoces de Surfrider, Xavier Curto, resulta muy complicado cuantificar el daño total porque se trataría de una contaminación «persistente en el tiempo» y porque esos microplásticos o pellets se incrustan en la arena de la playa y es muy difícil limpiarlos del todo.

La consejería de Acción Climática de la Generalitat ha abierto ahora un expediente por incumplimiento de la ley de Responsabilidad Ambiental a esas ocho empresas químicas ubicadas en Tarragona que estarían detrás de los microplásticos o pellets que aparecen en las playas de la zona.

Las empresas investigadas, según la resolución del expediente a la que tuvo acceso Efe y que se notificó a la ONG denunciante, Surfrider, son Basell Poliolefinas, SK Primacor, Transformadora de Etileno, Katoen Natie, Schmidt Ibérica, Ravago Plásticos, Repsol Química y Dow Chemical Ibérica.

A esas compañías podrían sumarse otras por el mismo hecho, pues desde Acció Climática han explicado este martes que el expediente está en fase de ampliación a más empresas susceptibles de haber realizado más vertidos. De momento, las ocho empresas a las que se les incoó el procedimiento han presentado las correspondientes alegaciones en el trámite de audiencia otorgado.

En concreto, se investigan «presuntos daños ambientales a los recursos naturales y a los servicios de recursos naturales que causan por su actividad en la red hidrográfica de la cuenca del (río) Francolí» y, especialmente, en las playas de la Pineda, la de Prats de Vila-seca, e incluso la playa de Cavalleria en Menorca. También se citan posibles «afectaciones en el mar Mediterráneo» y su biodiversidad, así como en «la salud humana».

El expediente se ha incoado tras la denuncia de Surfrider Foundation en octubre para que se investigue el origen de esta contaminación. Esa entidad trabaja junto a la ONG local Good Karma, que desde 2018 tomó muestras de los microplásticos en arena y agua.

Xavier Curto explica que se trata de una «primera victoria» que la Generalitat haya abierto un expediente, pues las empresas del sector no tienen una normativa de seguimiento obligatorio sobre las pérdidas de microplásticos en el medioambiente fruto de su actividad. «Ahora mismo se autorregulan pero nadie audita lo que pierden al mar o no», reflexiona el ecologista.

La decisión de abrir el expediente ha sido comunicado a las empresas involucradas y también a instituciones de la zona que se consideran podrían estar interesadas, como los ayuntamientos de la zona, que se ocupan habitualmente de la limpieza de las playas.

Meses antes de que la Generalitat confirmara la apertura de este expediente, tanto la administración como las empresas químicas productoras de plásticos constituyeron la plataforma 'Zero Pèl·lets' (Cero Pellets) para concienciar a todo el sector del plástico del impacto ambiental que supone la pérdida de estos materiales y plantear nuevas medidas que ayudan a limitar estos impactos, un asunto que ha surgido con fuerza en Galicia y Cantabria a raíz de los últimos vertidos procedentes de un barco.

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