Los vecinos de Teruel, contra la demolición de la presa de Los Toranes: «Es una concesión a los ecologistas»

Los vecinos de la provincia de Teruel se preparan para presenciar el desmantelamiento de la presa de Los Toranes, ubicada entre las localidades de Albentosa, Olba y San Agustín. Esta infraestructura, que aprovechaba el desnivel y el estrechamiento del río para la generación de energía hidroeléctrica, dejó de operar en 2018 tras el vencimiento de su concesión.

Desde entonces, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), liderado entonces por Teresa Ribera, decidió no renovar la actividad de la central hidroeléctrica y proceder a la demolición de la presa. Pero Iberdrola evitó asumir los costes de esta obra y recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), solicitando no hacerse cargo de la demolición. Este falló en su contra y la energética elevó el recurso al Tribunal Supremo, que también ha rechazado sus pretensiones, por lo que la destrucción de la presa se debería llevar a cabo en los próximos meses.

Los vecinos, por su parte, ejercen presión contra el Gobierno para mantener la presa. Los alcaldes y los habitantes de los pueblos circundantes se muestran favorables a la presencia de la misma, ya que alegan que la central hidroeléctrica puede generar unos 700.000 euros al año de beneficio, además de producir energía verde. De igual forma, sus defensores destacan que es eficaz para la extinción de incendios y para mantener los regadíos de la zona y no entienden cómo se va a demoler si en el propio informe del Miteco se especifica que funciona.

Fernando Garrido, del Colectivo Mijares Vivo y presidente del Jurado de la Comunidad de Regantes El Mijares, destaca que la intención de tirar la presa viene de una directiva europea que pretende mejorar la calidad del agua de los ríos y frenar el colapso de la biodiversidad. Sin embargo, destaca que la mayoría de países han ignorado esta ley, salvo España. En nuestro país se ha producido la demolición de 621 azudes, presas obsoletas y la construcción de 574 pasos para peces, según datos del Miteco.

Cree que tirarla supondrá un alto coste debido a la necesidad de máquinas, voladuras, etc., pero destaca que, además, no se ha realizado un análisis de los lodos que están en el fondo del embalse, que muy probablemente contengan tóxicos debido a los vertidos de una fábrica situada aguas arriba. Estos lodos, según Garrido, «podrían significar la muerte del río», además de que los medios necesarios para su demolición supondrían un trasiego de camiones «en una zona sensible».

Garrido afirma que el derribo de Los Toranes se debe a una concesión a los ecologistas, «y yo soy ecologista, pero no así». Subraya que, a raíz de este conflicto, se ha dado de baja de Greenpeace y hace un llamamiento a llevar a cabo este debate «de forma sensata, sin dejarlo en manos de idealistas».

Igualmente, le parece sorprendente que tenga que ser Vox, «la extrema derecha, la que diga que el mantenimiento de la presa sea lo sensato». Aunque casi todas las formaciones políticas de la región se han mostrado contrarias al derribo (PP, PSOE, PAR, CHA, IU y Vox), los de Abascal han sido los que más ruido han hecho sobre el tema. Llama, por tanto, a todos los partidos políticos a defender lo público y el mundo rural, ya que si no lo hacen «las ciudades van a tener grandes problemas para subsistir sin actividades esenciales como la agricultura».

Los ingenieros creen que es «clave»

El mes pasado se celebró en Teruel una jornada sobre la viabilidad de esta presa que contó con la presencia de ingenieros y vecinos de la comarca de Gúdar-Javalambre. Todos coincidieron en que este embalse es clave para el desarrollo sostenible de la zona.

Los organizadores indicaron que la reciente dana ha puesto de manifiesto la importancia de las infraestructuras hídricas para prevenir desastres: «Las infraestructuras de drenaje y contención, como embalses, canales y presas, son esenciales para mitigar los impactos de fenómenos extremos».

Los alcaldes de Albentosa (PSOE), Olba (PSOE) y San Agustín (PAR), expusieron la importancia histórica y cultural de la presa, que lleva en pie desde 1943, y cómo su demolición impactaría negativamente en la comarca, afectando sectores clave como la agricultura y el agroturismo.

Daniel Riera, regidor de San Agustín, destacó que estando «todo el espectro político de acuerdo y también la sociedad civil de la zona, no se entiende que el Ministerio no escuche y revierta la demolición». Además, todos los participantes defendieron la viabilidad técnico-económica del aprovechamiento hidroeléctrico de la presa y subrayaron las principales conclusiones del estudio realizado por el ingeniero industrial Andoni Larreategui, en el que se demuestra esa viabilidad con varios escenarios posibles que se acercan al millón de euros de beneficios anuales.