
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.
La APM ampara a la periodista Elisa Beni «ante el hostigamiento continuado» del ministro Óscar Puente
La Asociación de la Prensa de Madrid emite un comunicado para defender a Elisa Beni y «repudiar una actitud que Óscar Puente mantiene desde hace tiempo con respecto a algunos periodistas»
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha decidido conceder el amparo solicitado por la periodista Elisa Beni, ante el hostigamiento del que viene siendo objeto, de manera continuada, por parte del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a través de las redes sociales.
La asociación recuerda al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible que, como cualquier persona, está en su derecho de discrepar de las opiniones de un periodista, y que puede ejercer su derecho de rectificación ante las informaciones que considere no son ajustadas a la realidad.
Sin embargo, la APM rechaza que el ministro acompañe sus discrepancias con insultos y señalamientos de periodistas, en este caso de Elisa Beni, y que intente coartar su libertad de ejercer el periodismo en el medio de comunicación que considere conveniente.
La APM comunica asimismo que se ve en la obligación, una vez más, de «repudiar una actitud que Óscar Puente mantiene desde hace tiempo con respecto a algunos periodistas», y que revela un escaso respeto por las personas y por el ejercicio de la libertad de expresión, recogido en la Constitución Española. La regeneración de la vida democrática que proclama el Gobierno va justo en la dirección contraria a este tipo de actitudes.De nuevo, la asociación advierte que los insultos y señalamientos en redes sociales por parte de una persona conocida por su condición de miembro del Ejecutivo provocan, frecuentemente, comentarios y hasta amenazas anónimas que pueden poner en peligro la integridad de los afectados.
La APM ha manifestado su solidaridad con Elisa Beni y con todos aquellos periodistas que se ven sometidos a descalificaciones y acoso por parte de responsables públicos o de formaciones políticas, que tratan de condicionar, de esa manera, el ejercicio de su derecho a informar.