Intervencionismo estatal, adicción a la deuda y guerra contra la propiedad y el ahorro (y III)

La confusa alternancia de la que hablábamos la semana pasada en el predominio político entre un poder ejecutivo y el parlamento no debidamente diferenciados, ha encontrado su momento álgido con la total intervención de los gobiernos en la economía propiciada por las dos guerras mundiales. Desde entonces el poder gubernamental fija el nivel de actividad económica, las políticas fiscales y monetarias, dirige la oportunidad de las inversiones y los pagos de transferencia efectúan la redistribución parcial de los ingresos mediante la seguridad social, los subsidios, las recaudaciones compartidas, etc. . Definitivamente, el crecimiento económico se había convertido tras el fin de la Segunda Guerra Mundial «en la religión secular de las sociedades industriales avanzadas» .

Sin embargo, este intervencionismo de los Estados, que encontró en el keynesianismo a su principal inspirador en el ámbito económico, llevado a un tiempo de paz debía generar por necesidad dos cosas: uno, inflación crónica, que no es sino «otra forma de expropiación» (H. Arendt); y dos, endeudamiento público. En referencia a esto último, Bell ha señalado que la economía occidental, exitosa en un principio, se ha construido «sobre una montaña de deudas» . Pero desde que Bell escribiera esto en 1976, la montaña de deudas no ha dejado de crecer, alcanzando en nuestros días las cotas más altas. El número de países occidentales que tienen una deuda pública igual o superior a su PIB es más que significativo, y en algún caso llegan a duplicarlo (Japón). Eso sin considerar que la deuda pública oficial no incluye el pasivo no financiado consistente en todas las prestaciones asistenciales –hospitales, medicinas, pensiones, etc.- que el Estado tiene contraídas con la población. ¿A cuánto ascienden todos estos recursos comprometidos a futuro por los Estados? Difícil saberlo. En realidad, como señala Ferguson las finanzas públicas carecen de balances generales oficiales que, publicados con regularidad, recojan con detalle todos los aspectos señalados. «El actual sistema es, para decirlo sin rodeos, fraudulento» . Para este historiador lo que está sucediendo es que la generación actual está viviendo a expensas de las futuras, rompiendo de este modo, dice, el contrato «entre quienes viven, quienes han muerto y quienes han de nacer» (Burke), que es el vínculo constitutivo de una sociedad .

Desgraciadamente, la adicción y dependencia del crédito y la deuda no se ha quedado circunscrita a la esfera pública, sino que se ha convertido igualmente en la forma de vida habitual entre los particulares. Circunstancia que, a juicio de Bell, ha cambiado el rostro de la sociedad por completo, más allá de lo económico. En su opinión, el estímulo pertinaz «a los consumidores a contraer deudas y a vivir con deudas como forma de vida», mediante el pago en cuotas o con crédito inmediato, ha tenido un efecto de una magnitud extraordinaria en la psicología de las masas, pues ha generado un estilo de vida que ha terminado por acabar con el ya malherido racionalismo ascético característico del burgués del XIX. En su opinión, que el hombre común pudiera comprar cosas a crédito ha constituido el «más poderoso mecanismo que destruyó la ética protestante» . El resultado fue que «el sistema se transformó por la producción y el consumo de masas, por la creación de nuevas necesidades y nuevos medios de satisfacerlos» .

Todo este intervencionismo estatal en la economía sólo ha sido posible mediante una absorción a gran escala de los recursos de los particulares por parte del Fisco, legitimado ahora por la supuesta condición de los gobiernos como «representativos». Pero si ha habido una realidad perjudicada en esta magna desviación de recursos de la sociedad civil hacia el Estado, ésta ha sido la familia . Y, si no, repárese en la diferencia entre la imposición a las rentas de trabajo que, no debe olvidarse, por lo general se destinan al sostenimiento de las familias con el impuesto de sociedades. «Se da por supuesto –observó Jouvenel respecto al trato dado a estas corporaciones- que la imposición sólo debe recaer sobre la renta neta, a la que se llega tras la deducción de los gastos operativos y de la amortización del capital. E incluso así, la renta neta es gravada sólo con un tipo proporcional» . Cuando se trata de personas físicas, es decir, familias, en cambio, la imposición cae sobre la renta bruta, con muy escasas deducciones. «De este modo, la sociedad con ánimo de lucro tiene una triple ventaja sobre la familia, la cual es gravada con tipos progresivos y a la que no se le permite desgravarse por depreciación de sus activos o deducirse sus gastos operativos pese a que cumple una función en la sociedad no menos importante que la de las empresas» . Y añade: «Es incomprensible que a un criador de perros de carreras se le acepten sus gastos, depreciaciones, etc., mientras que a un padre de familia no» . Sería un error, sin embargo, pensar que estamos abogando por un incremento de la presión fiscal a las empresas. Lo que se quiere resaltar es hasta qué punto la familia está castigada fiscalmente en España.

Existe, a nuestro juicio, una verdadera guerra contra la propiedad estable y el ahorro . La idea que se impone es que el ahorro privado debe ser movilizado para ser productivo, lo que el Estado consigue de dos modos. El primero, depreciando el dinero, lo que obliga al propietario a poner su patrimonio en el sistema financiero global para encontrar alguna rentabilidad compensatoria, al tiempo que se faculta a éste para que convierta los depósitos en activos vía préstamo a terceros. El segundo, tomándolo directamente de las manos del propietario a través de los impuestos para ser gastado inmediatamente. De un modo u otro, la propiedad de los particulares es puesta en circulación con independencia de su voluntad. Es algo que se da por hecho. El principio consiste en que toda medida que sirva para el incremento de las opciones de producción y consumo es bienvenida. Entre ellas, como ya se ha dicho, la manipulación del dinero, que se decide discrecionalmente por los gestores de los Bancos Centrales. Y, al contrario, todo aquello que no sea objeto de transacción y carezca de precio deja de ser eo ipso considerado riqueza. «La equívoca figura del producto nacional –constata Jouvenel- sólo tiene en cuenta los servicios que tienen un precio de comercio, lo cual nos está llevando a la destrucción de cosas que no son comerciables» . Lo que es tanto como afirmar que quedan fuera de la estimación general precisamente aquellas cosas que son más valiosas, como, por ejemplo, los hijos, o la dedicación y esfuerzo de la mujer que se queda en su casa para cuidar personalmente de ellos. De cara a nuestros economistas, y su reflejo en el PIB, este gesto de gratuidad es nulo, carece de valor en términos de riqueza y no aporta nada al no poseer una traducción dineraria, puesto que es una acción no retribuida y, consecuentemente, no favorece el «crecimiento» del conjunto de la nación. Es más, desde esta perspectiva, la mujer que no se incorpora al mercado laboral puede ser considerada como un «lucro cesante». Simplemente tiene hijos, los cuida, quiere y educa. Poca cosa en realidad. En cambio, si sale de casa y trabaja y además contrata a otra persona para que cuide de su hijo, eso es riqueza por partida doble. Dos sueldos más a computar. Esta pérdida progresiva de la dimensión de la gratuidad en las relaciones entre los hombres, por causa de la politización de la economía, es difícil de valorar y de medir, pues lo profundo nunca es evidente ni conmensurable. Pero, precisamente por ello, sus consecuencias son de más largo alcance y, por lo general, irreversibles.

Pero conviene ir finalizando. Convertidas las Cortes Generales en un poder del Estado, como declara el artículo 66, 2 de nuestra vigente Constitución, el Estado ha devenido en Estado fiscal. Los ciudadanos, reducidos a la condición de contribuyentes, carecen de representantes frente a la voracidad del Estado y de la clase dirigente que lo administra. Pero con ello, tal y como advirtiera Ortega y Gasset en su célebre obra La rebelión de las masas, el Estado se ha convertido en «el mayor peligro que hoy amenaza a la civilización». Palabras fuertes, sin duda, pero no parece que en absoluto descaminadas. En su opinión, «la estatificación de la vida, el intervencionismo del Estado, la absorción de toda espontaneidad social por el Estado». Y añade: «El resultado de esta tendencia será fatal». Lo dice en futuro, todavía no sea cumplido, no al menos del todo, estamos en 1937, pero no duda en cuanto al pronóstico: «el resultado de esta tendencia será fatal». Y se pregunta: “¿Por qué esto es necesariamente así? A lo que responde: porque con el Estado «la vida se burocratiza». Podríamos ver aquí un eco evidente de las reflexiones de Tocqueville en La democracia en América. «La burocratización de la vida –prosigue nuestro autor- produce su mengua absoluta, de la vida, en todos los órdenes. La riqueza disminuye y las mujeres paren poco. Entonces –continúa–, el Estado para subvenir sus propias necesidades fuerza más la burocratización de la existencia humana», va dando vueltas de tuerca, necesita succionar más. «A esto lleva el intervencionismo del Estado. El pueblo, la sociedad, se convierte en carne y pasta que alimentan el mero artefacto y máquina que es el Estado». El Estado posee, en efecto, un dinamismo propio, y es éste: «El esqueleto se come la carne en torno a él. El andamio se hace propietario e inquilino de la casa». ¿Y cuál es el resultado? «El resultado último –escribe Ortega- es una desmoralización radical» . Próximos a cumplirse los cien años de escritas estas palabras, no cabe ni por un momento dudar, me parece, de lo acertado de las predicciones de Ortega. Pero llegados aquí, ¿qué cabe hacer? No tengo una respuesta, pero quizá no deberíamos descartar fácilmente que una luz procedente del pasado pueda iluminar nuestro presente.