El Gobierno actúa contra la Fundación Franco, pero no contra las de Prieto, Largo, Arana o «La Pasionaria»

La Ley de Memoria Democrática es el pilar de la nueva Historia que se quiere institucionalizar de una vez por todas. El relato no bastaba. Y ante la profusión de verdades históricas comprobables y constatadas, dicha ley de Memoria llegó para acallarlas no ya en un relato, sino en un compendio de falacias y tergiversaciones oficiales con la intención de acabar con los hechos contrarios a los intereses del actual poder formado por un conjunto de partidos e ideologías de izquierda radical e independentistas.

Ante cualquier duda, todo remite a la Ley de Memoria, que dice: «Al amparo de lo dispuesto en la ley de fundaciones, concurrirá causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo. A estos efectos se considera contraria al interés general la apología del franquismo, que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas, del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo o incitación directa o indirecta al odio o la violencia contra las mismas por su condición de tales».

Todo es, únicamente, el franquismo, el «golpe de Estado» y la dictadura. Por eso el Gobierno autor de esta ley apunta a la Fundación Francisco Franco, pero no a otras fundaciones que bien podían haber estado incluidas en una ley de memoria completa y no parcial, donde se tuviera en cuenta a las víctimas de la Segunda República y del Frente Popular que al actual Gobierno no le interesan.

No se trata de dilucidar aquí si se debe o no ilegalizar la Fundación Franco, si no de por qué se excluyen a propósito, con semejante descaro ideológico, de la posibilidad de ilegalización según la ley, a fundaciones con nombres de reconocidos asesinos como Francisco Largo Caballero o racistas declarados como Sabino Arana. La respuesta es la Ley de Memoria Democrática.

Según el Doctor en Historia Guillermo Gortázar: «La Ley de Memoria Democrática es una injusticia y un error que rompe la convivencia». Nombres históricos del PSOE como el exministro de Sanidad, Julián García Vargas o el expresidente del Senado Juan José Laborda ya exigieron al «Gobierno, a su Presidente, y a los responsables de los Grupos parlamentarios, el replanteamiento del Proyecto de Ley de Memoria Democrática, con el fin de restaurar el necesario consenso en esta materia, pensando en el bien de nuestra convivencia y en el futuro de nuestra democracia», mostrándose contrarios al «establecimiento de una verdad oficial».

Es la Transición y su espíritu borradas oficialmente, con demostraciones como el caso de la puesta en marcha por el Gobierno, de forma unilateral, los trámites para eliminar la Fundación Francisco Franco y solo la Fundación Francisco Franco (la última palabra la tiene un juez al final del proceso) y no la Fundación Francisco Largo Caballero, el «Lenin español» a quien el mismísimo Stalin refrenó sus ansias de matar, la de Indalecio Prieto, asesino y torturador socialista; la de «La Pasionaria», Dolores Ibárruri, Miembro del Komintern de la URSS, fanática del estalinismo (hasta Prieto no la quería en su Frente Popular que ella al principio rechazó), o la Fundación Sabino Arana, nombre del racista, misógino y totalitario fundador del PNV, uno de los muchos socios de Sánchez que quieren reescribir la Historia.