Urtasun dedicó más de tres millones de euros a explicar qué son los «derechos culturales»

Exactamente 3.427.333 euros es lo que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha gastado del presupuesto de su ministerio para una campaña de comunicación en medios destinada a explicar a los ciudadanos qué son los llamados derechos culturales.

La campaña promocional, se ha desvelado gracias a la pregunta realizada por el Grupo Popular en el Congreso y a la que el Gobierno de Sánchez ha tenido que dar respuesta, respuesta a la que ha tenido acceso Europa Press.

El objetivo de dicha campaña era que la gente conociera el Plan de Derechos Culturales, que el Ministerio de Cultura lanzará a partir del próximo mes de mayo.

El Gobierno explica que se ha utilizado la televisión, la radio, los medios gráficos, los medios digitales y la publicidad exterior para dar a conocer el contenido de este Plan.

En concreto, se ha destinado un 22 % del total para la televisión, un 15 % para la radio, un 16 % para medios gráficos, 32 % medios digitales para el cuarto y, finalmente, 15 % para el último de los medios.

Además, el Grupo Popular también ha preguntado al Gobierno por cuántas empresas se presentaron para la contratación de la creatividad de la campaña Derechos Culturales, por un importe de 172.667,00 euros y si consideran que era necesario desarrollar este tipo de anuncios para la Dirección General de Cultura.

Al respecto, el Gobierno afirma que trece empresas se presentaron a la citada licitación y defienden que promover los derechos culturales es importante para que todas las personas puedan participar «plenamente en la sociedad, presentando la cultura como una herramienta poderosa para imaginar, cooperar, expresar y crear vínculos».

Por ello, señalan que la campaña de derechos culturales surge de la comprensión de la cultura como un «derecho humano esencial» y aseguran que el objetivo de dicha acción es «expandir» la percepción de la cultura hacia una visión más cotidiana e inclusiva y fomentando la participación activa de la ciudadanía.

Y en segundo lugar «generar familiaridad» con el término derechos culturales, reconociendo la cultura como un derecho fundamental al mismo nivel que otros derechos ya establecidos y vinculándolo a mejoras significativas en aspectos como la igualdad, la justicia social y el bienestar general.

Por último, el Gobierno indica que el coste de la campaña El cine es un lugar seguro no superó los 2.500 euros.