La FIFA investiga el caso Rocha con el Mundial 2030 en el horizonte

El mismo día que la Comisión Electoral ha proclamado la candidatura de Pedro Rocha como la única, en los prolegómenos a ser elegido presidente de la Federación Española de Fútbol el próximo lunes, el extremeño ha sido imputado después de entrar a los juzgados como testigo en el marco de la Operación Brody. Horas después el TAD le ha expedientado y busca inhabilitarle, encendiendo un fútbol español que ya estaba ardiendo.

A tenor de estos hechos, el Consejo Superior de Deportes se ha puesto en contacto con la FIFA de cara a analizar la situación e intentar tomar una decisión. La FIFA está siguiendo con mucho cuidado lo que ocurre en España y ya tenían la lupa puesta después de los registros de la UCO en la sede de la Federación. Habían dado el visto bueno a que Pedro Rocha ganara estas elecciones en una transición hasta las siguientes que se celebrarán después de los Juegos Olímpicos. Pero ahora todo cambia.

Si el TAD considera como grave el expediente, Rocha no podrá acercarse a ningún cargo directivo. Y eso sin contar con la decisión que tome el propio implicado, un Pedro Rocha que, cabe puntualizar, ha cesado de sus cargos a todos aquellos que han sido imputados ya sea en el caso Jenni Hermoso o en la Operación Brody.

Si se decide repetir el proceso electoral desde el inicio, el nuevo presidente sería elegido a finales de mayo. La FIFA se plantea intervenir, aunque considera que el fútbol español puede reconducir sus problemas sin ayuda.

El Mundial 2030, en juego

El expresidente de la Comisión Gestora de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y candidato a la presidencia, Pedro Rocha, ha admitido ante la jueza que investiga los contratos federativos el daño que este caso está causando en un momento en el que el fútbol español se está «jugando mucho», por ejemplo el Mundial de 2030.

Rocha ha hecho este planteamiento cuando declaraba como testigo, poco antes de que la jueza decidiese, a petición de la Fiscalía, cambiar su condición a investigado ante la cantidad de preguntas a las que no ha sabido responder.

Lo ha hecho para explicar por qué rescindió el contrato con Tomás González Cueto, asesor externo en materia jurídica de la Federación en tiempos de Luis Rubiales y que fue detenido en la operación desarrollada en marzo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por la supuesta corrupción en los contratos federativos.

Rocha ha explicado a la jueza que en ese momento -como presidente de la Gestora creada tras el cese de Luis Rubiales- decidió acabar con el contrato de Cueto porque la RFEF necesita «estabilidad» y no estar expuesta «en todos los medios» porque se juega «mucho», por ejemplo el Mundial 2030.

El dirigente federativo ha asegurado que fue Rubiales quien contrató a González Cueto y ha dicho desconocer por qué, dado que la Federación tenía sus propios abogados, qué servicios concretos realizaba y cuánto cobraba.

Sí sabía que el asesor recibía una tarifa mensual a la RFEF, una especie de «iguala», y cobraba por una parte sus trabajos de asesoramiento y por otra los pleitos.

Un suceso más que mancha un fútbol español que parece herido de muerte y que puede acabar perdiendo todo lo que había logrado.