El Gobierno da la espalda a la nuclear y rechaza la decisión de Bruselas

El Gobierno rechaza la decisión de Bruselas de incluir a la nuclear en el catálogo de las energías verdes, y se alinea con Alemania en la batalla energética abierta en la Unión Europea.

El pasado sábado el Ejecutivo Comunitario avaló la construcción de reactores nucleares por parte de los 27, tal y como planea hacer Francia con el objetivo de garantizar la independencia eléctrica total durante los próximos años.

Sin embargo, el rechazo de Berlín a esta decisión – que deberá votarse a lo largo del mes – no se hizo esperar. «Me parece un error absoluto que la Comisión Europea tenga la intención de incluir la energía nuclear en la taxonomía de actividades económicas sostenibles de la UE», dijo la titular alemana de Medio Ambiente, Steffi Lemke, en declaraciones al grupo de medios Funke.

Alemania lidera el grupo de socios que se han opuesto frontalmente a impulsar la nuclear, un bloque en el que se encuentra también España. «Consideramos que no son energías verdes ni sostenibles», ha asegurado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, con relación a la nuclear.

El Gobierno de Sánchez impulsó en marzo del pasado 2021 el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) que establece el cierre escalonado de las siete centrales que todavía están activas a lo largo y ancho de nuestro país. De esta manera Almaraz I, en Extremadura, será la primera en cerrar a lo largo de 2027, Almaraz II lo hará un año después.

2030 será un año clave para el desmantelamiento de la nuclear en España. Está previsto que durante ese año cierren tres centrales, Trillo, Ascó I y Cofrentes. Las dos restantes (Ascó II y Valdellós) podrían mantener la actividad hasta 2035, aunque no se descarta su cierre prematuro.

España descarta que haya evidencia científica

Según el marco regulatorio dispuesto en el Pacto Verde Europeo, el reglamento de la taxonomía verde tiene como propósito guiar a las empresas e inversores nacionales e internacionales en sus planes de descarbonización, identificando actividades y sectores económicos ambientalmente sostenibles y que contribuyan a la reducción de CO2, metano y otros gases causantes del cambio climático. Igualmente pretende ayudar a encauzar esas inversiones hacia aquellos sectores esenciales para lograr la meta de la neutralidad climática en 2050.

España considera que, para cumplir dichos objetivos, la taxonomía debe ser «creíble, útil y basada en la evidencia científica». En ese sentido, la clave para considerar 'verde' una actividad económica, sector o tecnología es, según el Ministerio, su «contribución sustancial a las principales metas ambientales de la UE, como mitigar el cambio climático», entre otras, respetando además el principio de no causar daño ambiental significativo (Do Not Significant Harm).

«Las emisiones de metano de la generación por gas natural y la cuestión de los residuos de la energía nuclear ponen en cuestión la inclusión de ambas tecnologías dentro de la taxonomía verde de la UE», señala Transición Ecológica, que afirma que incluir ambas en la taxonomía verde supone «una señal errónea para los mercados financieros y no aporta la necesaria claridad para enfocar los flujos de capital hacia la economía descarbonizada, resiliente y sostenible prevista en el Pacto Verde Europeo».