Una crisis larvada, como la de 2007

El Gobierno insiste en que la economía española se recupera, que no tiene problemas estructurales y que sólo la guerra de Ucrania está generando un impacto negativo, que será pasajero. Sin embargo, no es la primera ocasión en la que un Gobierno socialista afirma que no existe crisis, que sólo es una desaceleración y que no hay, por tanto, nada de qué preocuparse. Eso ya lo vivimos en 2007, inaugurado con la afirmación del presidente Rodríguez Zapatero, en una entrevista en El País en agosto de dicho año, en el que afirmaba que «España está a salvo de la crisis financiera». En mayo de 2010, tras muchos meses de negación, gasto, déficit y deuda, se vio obligado a realizar duros recortes –especialmente, contra los pensionistas– por no haber querido hacer previamente reformas.

Ahora, al igual que entonces, como los datos coyunturales no muestran todavía toda la intensidad de la crisis oculta, se está larvando una situación similar, que de no actuar puede desembocar en un desequilibrio económico mayor que el de 2011. Veamos algunas similitudes con lo que sucedía entonces y también algunos agravantes.

Similitud con el año 2007

• Durante 2007 y 2008, el Gobierno de la nación, presidido por Rodríguez Zapatero, negó la existencia de la crisis, al no sentirse todavía, en el corto plazo, los efectos de la grave crisis que después se mostraría claramente. Ahora, Sánchez y Calviño se resisten a reconocer que la economía española pierde fuelle y atribuyen todo, falsamente, a los efectos de la guerra de Ucrania, que ha intensificado los desequilibrios, pero que no los ha creado.

• Se negó a bajar impuestos y subió los que había bajado: el marginal máximo del IRPF lo subió desde el 43% hasta el 45 %. Ahora, el Gobierno también tiene preparada una subida de impuestos que no se atreve a poner en marcha por miedo a que la economía se ralentice, pero que las propias disputas dentro del Ejecutivo constituyen un elemento de incertidumbre en la materia.

• Se negó también a hacer reformas estructurales, que dinamizasen la economía. Al igual que entonces, ahora el Gobierno se niega a reformar la política energética, empeora la legislación laboral y no hace nada para reducir la burocracia.

• En lugar de bajar impuestos, Zapatero repartió un cheque de 400 euros linealmente a todos los contribuyentes de la renta, que contribuyó de manera importante al cambio de una situación de superávit a otra de déficit. Ahora, también se niega a reducir el impuesto de hidrocarburos en la parte que puede, a solicitar a la UE la inclusión de los carburantes en el anexo III de la Directiva del IVA, o a bajar el tipo del IVA general a todos los productos y servicios recogidos en él.

• En ambas ocasiones, los socialistas han tratado de mantener la economía viva de manera artificial a través del gasto, es decir, una economía sostenida, que no sostenible por sí misma.

• El empleo tardó tiempo en destruirse y en que la tasa de paro subiese de manera importante. Hasta diciembre de 2007 no aumentó ligeramente el paro. En enero de 2009, la tasa de paro era del 13,4 %. Ahora, se encuentra en el 13,33 %, con el añadido de que se encuentra sostenida a la baja por los ERTE y por los fondos europeos. Hay que tener en cuenta que el empleo siempre es un indicador retrasado.

• Zapatero dobló en cuatro años (2007-2011) el porcentaje de deuda sobre el PIB. Sánchez, en dos años, lo ha elevado en alrededor de 20 puntos, con tensiones importantes para bajarlo de ese nivel.

• En 2009, Zapatero llevó el déficit al 11,3 %, para hacerlo descender ligeramente en 2010, cuando el Gobierno llegó a hablar de brotes verdes, tras los recortes de mayo de 2010, impuestos por las instituciones internacionales. Después, estalló el problema enquistado y el déficit volvió a subir, apareciendo documentos sin contabilizar, con un retraso en los pagos a proveedores de muchos meses.

Agravantes sobre 2007

• Entonces, la deuda sobre el PIB era del 35 %; ahora, es del entorno del 115 %. Por tanto, ahora no hay margen para incrementar el gasto, pero el Gobierno lo está haciendo, basta con ver su publicidad de los PGE de 2022.

• La productividad, gran problema estructural de la economía española y de su mercado laboral, lleva dos años de continuo deterioro, cayendo durante esos últimos ocho trimestres, como marca la EPA.

• La confianza del consumidor y el índice de confianza empresarial caen a una velocidad mucho mayor que en la anterior crisis.

• Entonces, en 2007, no existía la anestesia del precio cero por el dinero y las economías tenían que financiarse en los mercados por sí mismas. Ahora, una gran parte de la deuda encuentra su acomodo en las compras del BCE. Cuando en la segunda parte de 2022 deje de hacerlo, el encarecimiento de la deuda para España será un hecho. No será inmediato, por el alargamiento de la vida de la cartera viva de deuda, pero irá teniendo un impacto importante.

• Entonces, la inflación también se disparó, pero no a los niveles actuales. El BCE subió tipos, pero, por ejemplo, en julio de 2008 los incrementó un cuarto de punto, hasta el 4,25 %, de manera que mucho recorrido al alza no había, y, aun así, el incremento de tipos se dejó notar con dolor. Ahora, el recorrido es inmenso y, simplemente, una subida de dos puntos puede empeorar mucho la situación de la financiación de familias y empresas: por cada punto de incremento, la cuota hipotecaria mensual puede subir entre 70 euros y 255 euros (financiación de 150.000 euros a 20 años y financiación de 500.000 euros a 35 años, respectivamente).

• Ya había cierto problema con la sostenibilidad de las pensiones, pero la situación de ahora es sumamente preocupante, por la jubilación intensa durante los próximos años de la generación del baby boom, que incrementará el número de pensionistas, con unos salarios de reemplazo muy superiores, al haber tenido unas carreras más exitosas, junto con un menor crecimiento de población activa, derivado de la baja natalidad. Al volver ahora a indexar la revalorización de las pensiones al IPC, el problema se agrava: en entornos de una inflación como el objetivo de precios del BCE (2 %), Fedea estimaba un incremento del gasto de pensiones de 30.000 millones de euros en 2030. Ahora, sólo con la inflación media prevista para 2022, el impacto en pensiones puede ser superior a 10.000 millones de euros.

• Ahora, hay una presión inflacionista mayor de los salarios, derivado de las mayores cotas del IPC y de haber vuelto a tener prevalencia los convenios sectoriales en materia salarial con la contrarreforma laboral. Esto puede provocar una peligrosa espiral precios-salarios.

No nos engañemos: la economía se encuentra sostenida artificialmente por el gasto público desmedido, por la inundación de liquidez y la recaudación por los efectos de la inflación, pero los fundamentales de la economía se deterioran rápidamente para el medio y largo plazo, aunque no se vea todavía en los datos de corto plazo, aunque hogares y empresas ya empiezan a sufrirlo.

Así, adicionalmente al deterioro estructural, los efectos reales sobre la economía son mucho más preocupantes que lo que muestran los datos macro. Ahora, con una inflación galopante desde hace meses; con un precio de la energía que muchas familias no lo pueden ya pagar; con un precio del carburante que hace que cada vez menos personas puedan utilizar su vehículo, tenemos una economía contra las cuerdas mientras el Gobierno no reacciona: ni baja impuestos, ni acomete reformas energéticas, ni flexibiliza la economía –de hecho, la empeora, con la contrarreforma laboral–. Sólo trata de repartir unas subvenciones que de nada servirán, salvo para incrementar el gasto, el déficit, la deuda y presionar al alza la inflación al tensar más los cuellos de botella.

Esto hace que la población pague cada vez más impuestos, aparte de por el incremento de los tributos, por el peor de los impuestos, que es la inflación, mientras aumenta la recaudación del sector público fruto del esfuerzo de los ciudadanos. En lugar de ayudarlos a llegar a fin de mes bajando los impuestos, aumenta los ingresos tributarios a costa del bienestar de los ciudadanos, hasta llegar a una situación que se vuelve ya asfixiante para muchos. Con ello, sólo logrará empeorar la economía, el empleo y la prosperidad de personas y empresas: el coste de las decisiones del Gobierno empieza a rezagar cada vez más a España. Tanto hablar de «los beneficios caídos del cielo» de las eléctricas, y el Gobierno es incapaz de reducir los tipos impositivos para atenuar el problema de la gente: mientras los ciudadanos se empobrecen y las empresas pierden competitividad, negocio y beneficio y, por tanto, terminarán por destruir empleo, la Administración Pública se enriquece adicionalmente por el afán confiscatorio del Gobierno a costa de la inflación, al tiempo que enarbola un señuelo en forma de plan de choque que agravará, todavía más, los problemas.

De esta forma, si el Gobierno sigue por este camino, la economía tiene elevada probabilidad de deteriorarse profundamente, de manera que, cuando estallen los desequilibrios, provocará recortes por no haber hecho reformas. Justo lo mismo que sucedió por las decisiones del año 2007: negación de la realidad, gasto público y ausencia de reformas.

• José María Rotellar es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria.