Estado de derecho
Hungría, dispuesta a modificar 10 leyes para tener acceso a fondos europeos
El pasado julio, Budapest dijo que había aceptado varias de las exigencias planteadas por la CE, pero esa respuesta no ha tranquilizado a Bruselas
El Gobierno húngaro ha anunciado que modificará más de una decena de leyes para poder llegar a un acuerdo con la Comisión Europea sobre el cumplimiento del Estado de derecho como condición para recibir fondos comunitarios.
El ministro de Gobernación, Gergely Gulyás, señaló que el Parlamento podrá tomar hasta octubre las decisiones necesarias «para llegar a un acuerdo», indicando que «habrá que modificar más de diez leyes».
Deficiencias
Aunque no precisó de qué normas se trata, la CE había pedido a Hungría reformas para superar deficiencias detectadas en los procesos de contratación pública, corrupción, fraude y falta de transparencia o rendición de cuentas.
Gulyás añadió que el Gobierno y la CE han mantenido en las últimas semanas «negociaciones muy intensas» sobre el procedimiento de condicionalidad de los fondos.
La CE activó el pasado abril contra Hungría el entonces recién creado mecanismo que vincula el respeto al Estado de derecho con la entrega de dinero europeo, que podría limitar el acceso de Hungría a 7.000 millones de euros de los fondos de recuperación de la pandemia de la covid.
Gulyás prometió crear «un sistema mucho más severo y transparente para la utilización y control de los fondos europeos y los concursos».
Orbán
El pasado julio, Budapest dijo que había aceptado varias de las exigencias planteadas por la CE, pero esa respuesta no ha tranquilizado a Bruselas, que envió a finales del mismo mes una nueva carta al Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán, diciéndole que tenía un mes para responder, hasta ayer, 22 de agosto.
La ministra de Justicia, Judit Varga, anunció hoy que su Gobierno ya ha respondido a la Comisión, pero sin dar más detalles.
La CE justificó la activación del mecanismo de condicionalidad en la necesidad de proteger su propio presupuesto ante el «constante fracaso» por parte del Gobierno húngaro para resolver una serie de «preocupaciones graves» durante un periodo de más de diez años.