Salario mínimo, inflación y destrucción de empleo

Yolanda Díaz no deja de insistir en que quiere elevar el salario mínimo de nuevo, en un entorno de elevada inflación, de manera que el incremento de dicho salario sólo puede espolear más la subida de precios, hacer perder todavía más poder adquisitivo a los trabajadores y provocar el cierre de muchas pequeñas empresas, que no soportarán los elevados costes, con lo que el empleo se destruirá. Del mismo modo, tensa todavía más los precios al pedirles a los empresarios que suban todos los salarios en unos niveles cercanos a la inflación. Todo ello es un despropósito, pues el efecto negativo que ello produzca a quienes más afectará será a los más débiles y a las rentas bajas, que tendrán una mayor probabilidad de perder su empleo y que sufrirán más los efectos de segunda ronda de la espiral precios-salarios.

Como ya comenté en otro artículo en El Debate, en el incremento de dicho salario mínimo, el Gobierno cae, una y otra vez, en un gran error, envuelto en su afán intervencionista: piensa que por decir por decreto que algo tiene que ser de una manera, lo va a ser. Error. La subida del salario mínimo expulsa a muchas personas del mercado de trabajo, como, de hecho, ya ha sucedido con los distintos incrementos desde 2019.

En esa insistencia en su equivocación, el Ejecutivo elevó a 1.000 euros el salario mínimo. En 2019, decidió elevarlo un 22,3 %, desde los 735,90 euros hasta los 900 euros. ¿Cuál fue el resultado inmediato? Una destrucción de empleo en ese mes de enero de más de 200.000 puestos de trabajo, como reflejó la afiliación a la Seguridad Social del mes de enero de 2019. Eso llevó a que si antes de llegar Sánchez al Gobierno se creaban 7.906 empleos al día, el primer mes en el que tuvo efecto la subida del salario mínimo un 22,3 % se destruyeron 6.828 empleos al día, es decir, hubo una pérdida de empleos diaria de 14.734 puestos de trabajo.

De hecho, junto a esa pérdida de aquel mes, aunque luego se ajustasen empleos al pasar la estacionalidad, todas las instituciones de previsión estimaron un duro impacto de la subida del salario mínimo en la destrucción de empleo: de los 70.000 de la Comisión Europea hasta los 160.000 de BBVA.

En 2020, en el Banco de España afinaron más esas estimaciones y estableció que la subida de aquel año provocó una pérdida de entre 78.000 empleos –parte baja– y 143.000 empleos –parte alta–.

Y a mediados del año pasado, 2021, el mismo Banco de España estimó que el impacto fue mucho más negativo, con una merma del empleo debido al incremento del salario mínimo en 2019 de entre 92.000 y 174.000 puestos de trabajo.

No contento con eso, el Gobierno volvió a subir el salario mínimo en 2020, hasta 950 euros mensuales; a los que hubo que añadir 15 euros más en 2021. Ahora, quiere llevarlo a 1.000 euros en 2022, de manera que habremos pasado en tres años de un salario mínimo de 735,90 euros a otro de 1.000 euros, con un incremento acumulado del 35,89 %.

Ahora, quiere incrementarlo por encima de los 1.000 euros y llevarlo más allá del 60 % del salario medio. Como, además, quiere que suban todos los salarios en niveles cercanos a la inflación, como decía, entonces el salario mínimo, para superar el 60 % del salario medio, tendría que subir todavía mucho más. Esto constituye, como digo, un gran error, pues supondrá en el medio plazo el despido de muchas personas o, en el mejor de los casos, el fin de la creación de empleo, que se unirá a la mayor rigidez que introduce la contrarreforma laboral y el impacto negativo de subidas de impuestos y cotizaciones que quiere llevar a cabo el Gobierno. En cualquier caso, será un retroceso en las oportunidades de los trabajadores, pues verán limitado su abanico de elección en el mercado laboral por un artificio diseñado en los despachos entre personas que o no han trabajado nunca o hace mucho que no trabajan.

Pueden subir todavía más el salario mínimo, pero muchas empresas no lo pagarán, o, mejor dicho, se lo pagarán a menos trabajadores, porque contratarán a menos o, incluso, se quedarán con menos, es decir, despedirán. Supondrá un duro golpe, uno más, tras la subida de 2019, 2020, 2021 y 2022, para el tejido empresarial, especialmente para el 99 % del mismo, conformado por pymes y autónomos, que se añade a los graves momentos por los que atraviesan las empresas derivado de las restricciones de la pandemia.

Es muy sencillo y es algo que entiende cualquier alumno de primero de económicas, incluso de secundaria y bachillerato que estudien economía: si yo subo artificialmente un precio por encima del de mercado –y el salario es el precio del trabajo– los demandantes de ese bien –en este caso, el trabajo– disminuirán la cantidad demandada de ese bien. ¿Quiénes son los demandantes de trabajo? Las empresas, al tiempo que los oferentes de trabajo son los trabajadores, que son quienes ofrecen su trabajo a cambio de cobrar un salario –de cobrar un precio por el bien–. Por tanto, si subo el salario, muchos trabajadores querrán trabajar, pero las empresas estarán dispuestas a contratar a menos trabajadores, porque a ese precio no podrán cubrir los costes laborales –lo que les cuesta el trabajador– más el beneficio que tienen que obtener con su actividad para asegurar la continuidad de la actividad económica y el empleo.

¿Qué sucederá entonces? Que muchos trabajadores se verán despedidos o se verán condenados a la economía sumergida. ¿Cuánto habrá logrado el Gobierno que suba el salario de estos trabajadores? Nada; más bien habrá provocado que pasen de ganar el salario que tenían antes a no ganar nada, o a ganar un salario en la economía sumergida –que hay que perseguir y erradicar, pero que el Gobierno incentiva de manera absurda con estas medidas– y tener, por tanto, menores derechos sociales, como el devengo de los derechos para cobrar una pensión en el futuro. Al mismo tiempo, el Estado ingresará menos por cotizaciones sociales –aunque machacará de nuevo a los autónomos con el incremento de las mismas– y por impuesto de la renta, así como por los indirectos, al bajar el consumo. Si tan positivo es subir artificialmente el salario mínimo, entonces, ¿por qué no lo establecen en 5.000 euros mensuales o, mejor, en 10.000 euros cada mes? La subida es ahora, como lo fue en 2019, en 2020 y en 2021, antieconómica y un ataque directo a los trabajadores, especialmente a los más débiles.

Por tanto, con esta medida demagógica el Gobierno sólo conseguirá destruir tejido productivo, generar, con ello, desempleo –especialmente, el de los trabajadores menos cualificados– y disminuir la prosperidad. Esta receta de subir demagógicamente el salario mínimo, es la receta de Maduro -que ya subió en el país venezolano el salario mínimo en varias ocasiones alrededor de un 300 % cada vez- y ya ven cómo está Venezuela. El reverso del salario mínimo es la disminución de prosperidad y de puestos de trabajo, porque perjudica, claramente, a la actividad económica y al empleo.

• José María Rotellar es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria