El Gobierno yerra en su política económica con medidas poco meditadas, problemáticas, ideológicas y electoralistas, según Fedea

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha elaborado un dictamen contundente sobre la situación económica española y las medidas aplicadas por el Gobierno tras la crisis desencadenada da raíz de la invasión de Ucrania. Sobre las medidas fiscales ha dicho que incluyen «disposiciones poco meditadas, técnica y legalmente problemáticas, con una fuerte carga ideológica y clara motivación electoral. Convendría reconsiderar estas medidas y adoptar un planteamiento más neutro que parta de un cuidadoso diagnóstico de las debilidades de nuestro sistema fiscal».

La entidad ha analizado las medidas tomadas en la actual crisis, entre las que se encuentran las relacionadas con el ámbito energético (tope del gas, bonificación de los combustibles) y las que tienen que ver con los impuestos a la banca, las empresas energéticas y a las grandes fortunas, entre otras cuestiones.

Las líneas generales de la estrategia del Gobierno para hacer frente a la situación no han variado desde el primer decreto anti-crisis, aprobado pocas semanas después de la invasión de Ucrania. Se han extendido o reforzado muchas de las medidas tomadas con anterioridad en materia de ayudas específicas a los sectores y hogares más afectados por la inflación, ayudas de carácter general como la bonificación de los carburantes y de los abonos de transporte público, y rebajas en la tributación energética. Por otra parte, se han tomado medidas adicionales tímidas para agilizar los proyectos de generación de energías renovables y se han introducido medidas directas de ahorro energético, con límites de temperatura en la climatización de recintos y edificios públicos y lugares de trabajo, y con mayores exigencias de eficiencia en el alumbrado de calles y carreteras.

Medidas en proceso de evaluación

El Gobierno parece estar valorando la efectividad de al menos parte de estas medidas de cara a su posible prórroga el año que viene. Por el momento, el proyecto de Presupuestos sólo recoge la ampliación de la cobertura de los bonos sociales eléctrico y térmico y el mantenimiento de ciertas subvenciones al transporte. Incluye la gratuidad de los abonos de cercanías y deja en el aire la continuidad de medidas como la bonificación de los combustibles o la rebaja de los impuestos energéticos.

«Es de esperar que este proceso de reflexión se traduzca en una reasignación de recursos hacia políticas más eficientes y equitativas, primando el sostenimiento de las rentas de los más afectados frente a las subvenciones al consumo energético, especialmente las de carácter universal», apuntan desde Fedea. Estas últimas, estiman, deberían eliminarse por su elevado coste y sus efectos negativos de incentivación del consumo mediante una reducción artificial de los precios que no resuelve el problema subyacente. «Convendría reconsiderar también la gratuidad total de ciertos transportes públicos, aunque manteniendo niveles elevados de subvención, e introducir en las ayudas cláusulas selectivas que incentiven el ahorro energético, en línea con lo que se ha hecho en la nueva tarifa de último recurso de gas natural para las calderas comunitarias, en la que el descuento se limita a un consumo no superior a la media de los últimos cinco años, estableciéndose un recargo del 25 % por encima de ese nivel», añaden.

Un cheque directo de 1.889 euros para los más vulnerables

Fedea asegura que el margen disponible para la reorientación de las medidas paliativas ante la inflación es muy considerable: «Según nuestros cálculos, las rebajas de los impuestos y cargos eléctricos y la bonificación a los carburantes tendrán un coste total cercano a los 17.000 millones de euros durante 2022. Esta suma permitiría financiar ayudas directas muy importantes a los hogares de rentas bajas y medias sin distorsionar las señales de precios que incentivan el ahorro de energía y la inversión en renovables». Como referencia, indican, sirvan los datos siguientes: «En 2021 había en nuestro país casi 9 millones de hogares con ingresos netos regulares por debajo de 2.000 euros mensuales, cuyo gasto total en comida y energía ascendió a unos 55.000 millones de euros. El ahorro derivado de la eliminación de las ayudas no selectivas a la energía permitiría enviar a cada una de estas familias un cheque por un importe de 1.889 euros, lo que supondría un 31 % de su gasto medio en comida y energía».

El errores de los impuestos a la banca y a las energéticas

Algunas de las novedades más llamativas de estos últimos meses han sido de carácter tributario y están dirigidas, según el Gobierno, a asegurar un reparto equitativo de los costes de la crisis. Pretenden hacerlo elevando la presión fiscal sobre las rentas altas y las grandes empresas para financiar ayudas a los hogares y sectores más afectados por la inflación desatada por la guerra. Aquí se incluirían, entre otras cosas, los gravámenes extraordinarios sobre ciertos bancos y empresas energéticas anunciados por el presidente del Gobierno en el Debate sobre el estado de la nación, el nuevo impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas, las rebajas en el IRPF para las rentas bajas, el aumento de los tipos de gravamen para las rentas de capital superiores a 200.000 euros y ciertos cambios en el Impuesto de Sociedades que elevan la presión fiscal sobre las grandes empresas y la reducen para las pymes de menor tamaño.

«Muchas de estas medidas son cuestionables», indican. Sobre los gravámenes a bancos y energéticas, la proposición de ley enviada al Congreso por los partidos de la coalición de Gobierno «ha superado las peores expectativas. El texto renuncia incluso a ligar los nuevos gravámenes con la cuantía de los supuestos beneficios extraordinarios que en principio los justifican, convirtiéndolos así en exacciones claramente arbitrarias desde cualquier perspectiva que tienen muy mal encaje en un estado de derecho», indican.

En su opinión, «si la proposición de ley se aprueba sin cambios de calado y supera los seguros recursos judiciales a los que dará lugar, se sentará un precedente muy preocupante que permitirá a cualquier futura mayoría de gobierno asignar a dedo cargas o exacciones de cuantía muy significativa a sectores (o incluso agentes) específicos, dejando en papel mojado en el ámbito fiscal los principios constitucionales de igualdad y de interdicción de la arbitrariedad».

Para evitar una larga disputa legal y la posibilidad de males mayores, afirman en Fedea, convendría retirar la propuesta actual y tramitar un texto nuevo. Este debería adecuarse a lo establecido en la reciente propuesta de reglamento europeo sobre la cuestión, en la que el gravamen extraordinario se restringe a ciertas empresas energéticas y se liga a los beneficios extraordinarios realmente obtenidos por las mismas, en vez de calcularse como un porcentaje de sus ingresos totales, como se hace en la propuesta del Gobierno.

La posible inconstitucionalidad del impuesto a las grandes fortunas

Según Fedea, también plantea problemas legales y políticos el anunciado impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas, cuya introducción parece estar motivada fundamentalmente por el deseo de imponer a ciertas comunidades autónomas las preferencias tributarias del actual Gobierno central. Tal como se ha diseñado el nuevo tributo, las comunidades autónomas tendrían todos los incentivos para recuperar e incluso subir su propio impuesto para patrimonios superiores al umbral estatal: lo que no cobren ellas, se lo llevará el Estado sin que haya ahorro alguno para sus ciudadanos. «El nuevo tributo limita por la puerta de atrás la capacidad de las comunidades autónomas de modular la fiscalidad sobre el patrimonio que les confiere la normativa vigente, lo que podría ser motivo de inconstitucionalidad, o de nulidad por invasión de competencias. Además de recurrir el impuesto, algunas comunidades podrían seguir la misma estrategia que el Gobierno central y tomar medidas que traten de anular en la práctica los efectos de las disposiciones estatales. Se abriría así una guerra de guerrillas fiscal entre administraciones que no beneficiaría a nadie», aseguran.

La equivocación con los más vulnerables

Por otra parte, la rebaja del IRPF para las rentas bajas «va en principio en la dirección correcta», afirman, pues ayuda a sostener las rentas de los hogares más vulnerables sin debilitar las señales de precios que incentivarían los ajustes que exige la nueva situación energética. La forma elegida para instrumentar la rebaja, sin embargo, es «claramente mejorable», indican. «Se ha optado, en particular, por actuar a través de la reducción de la base imponible por rendimientos del trabajo, incrementando su cuantía y elevando el umbral para su desaparición. Se potencia así un beneficio fiscal de muy cuestionable diseño que eleva el tipo marginal efectivo de gravamen hasta el 60 % para un tramo de renta en torno a los 20.000 euros, lo que no parece muy lógico».