«Piratas», «usureros», «evasores»... los ataques del Gobierno a los grandes empresarios españoles
El anuncio de Ferrovial de cambiar de sede se produce en medio de un clima de constante señalamiento a los empresarios de nuestro país
El ataque del Ejecutivo de coalición a Ferrovial tras su decisión de trasladar su sede a Países Bajos es solo uno de los últimos capítulos de esta guerra que mantiene el Ejecutivo –especialmente los miembros de Podemos– con las empresas españolas. Desde la llegada de Sánchez a la Moncloa, los principales generadores de empleo de nuestro país se han convertido en el objetivo del Gobierno.
«Ferrovial es una empresa pirata que se ha llevado, solo en esta legislatura, mil millones de euros en contratos públicos, que vio cómo se nacionalizaron sus salarios con los ERTE. Proponemos atar a esta empresa en corto para que tengan que devolver hasta el último euro que les dieron los españoles». Este fin de semana, Iona Belarra aprovechaba un encuentro feminista en Madrid para volver a sacar el asunto del traslado de sede social de Ferrovial.
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No ha sido una crítica aislada. Anteriormente habían sido Escrivá, Yolanda Díaz, María Jesús Montero, Calviño, Isabel Rodríguez o el propio Pedro Sánchez quienes, en un inusitado rapto de patriotismo, afearon el «compromiso con España» del presidente de la compañía, Rafael del Pino.
Y, lo que es más preocupante, la vicepresidenta primera ha advertido que la CNMV ha encontrado «falta de sustancia» en los argumentos de la empresa para tomar la decisión de cambiar de sede, una inconsistencia que le podría costar a Ferrovial al menos 130 millones en sanciones de Hacienda.
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Más allá de las razones de Ferrovial, este anuncio llega en un clima de señalamientos de empresarios. Hace unas semanas, Lilith Verstrynge –que gana más de 120.000 al año como secretaria de Estado para la Agenda 2030– llamó «sinvergüenza» al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, por negarse a negociar la subida del SMI mientras cobraba 400.000 euros año.
Anteriormente, el objetivo fue Juan Roig, presidente de Mercadona y mayor empleador privado de nuestro país, al que llamaron «capitalista despiadado», «monopolista» o «usurero» por la subida de productos en sus supermercados como consecuencia de la inflación. En el grupo de distribución hay sospechas de que el Gobierno prepara un «impuestazo» contra las grandes superficies al estilo del aplicado contra la banca y las empresas de energía.
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La banca es precisamente uno de los objetivos habituales de Podemos. Tras la aprobación del impuesto a los beneficios de la banca, Yolanda Díaz abogó por la congelación de las hipotecas. Todo ello previas acusaciones de «forrarse» a costa de los españoles.
El caso de Amancio Ortega ya es paradigmático. Pablo Iglesias, Echenique, Verstrynge, Belarra… el fundador de Inditex parece tener una legión de seguidores en la formación morada, que periódicamente señala que las donaciones del gallego son una pantalla para la evasión fiscal.
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Principales empleadores
Los ataques del Gobierno de coalición contra los mayores creadores de empleo de nuestro país resultan abrumadores. Según los datos del Ministerio de Industria, las grandes empresas –con 250 o más empleados– representan el 0,18 % del total del tejido empresarial de nuestro país, en el que es mayoría las pymes sin asalariados (55,02 %) y las microempresas (38,4 %).
Sin embargo, estas grandes empresas son las responsables de dar trabajo a más de seis millones de personas, el 36,19 de los trabajadores asalariados –no autónomos– de nuestro país, seguidas por las microempresas (20,2 %), las pequeñas y las medianas empresas (18,76 % y 15,31 % respectivamente).
De hecho, algunos de los 'señalados' por Podemos son a su vez los mayores creadores de empleo en España. Mercadona, a la espera de la publicación de los datos de 2022, generó en 2021 93.300 puestos de trabajo, por los casi 200.000 de las grandes constructoras, los casi 75.000 de El Corte Inglés, 46.000 de Inditex o los casi 100.000 de CaixaBank, Santander y BBVA.
