Los testamentos vitales se disparan en España ante la cultura de la muerte del Gobierno

El testamento vital es un documento mediante el cual la persona dispone de su cuerpo. Se le conoce también como Documento de Instrucciones Previas o Testamento de Voluntades Anticipadas. Desde Heritae, una startup dedicada a la gestión de herencias, explican que «permite a una persona dejar constancia de su voluntad en relación a los tratamientos médicos a los que desea someterse o no en un momento dado».

Dos momentos

Hay dos momentos en los que este testamento se activa. Uno es cuando hay una enfermedad y el testador ha dejado constancia de a cuántos tratamientos quiere someterse. Otro es, una vez fallecido, qué destino tomará su cuerpo o sus órganos.

El testamento vital no puede incluir nada contrario a la ley, a la ética o al criterio del profesional sanitario

Andalucía marca un hito en este tipo de legados. En 2013 apenas llegaban a 20.000 inscripciones en el Registro Oficial de Testamentos Vitales. En 2023 la cifra es cercana a los 50.000, solo superada por Cataluña.

En el resto de España, el Registro Nacional de Instrucciones Previas publica datos en los que se pasa de 145.775 testamentos vitales en 2013 a 402.761 en 2023.

Este aumento en el último año coincide con la aprobación de la Ley de Eutanasia del Gobierno español que atenta contra la vida, la libertad y la dignidad de las personas.

Los abogados de Heritae comentan que «el documento es una especie de hoja de ruta asistencial donde el paciente exonera a los médicos y otros profesionales de la medicina de cualquier responsabilidad ante sus familiares y ante la Justicia».

Eutanasia activa

En una época donde hay legislación expresa sobre la eutanasia en España, hay que recordar que «el documento vital no puede incluir nada contrario a la ley, a la ética o al criterio del profesional sanitario». Mucho menos el permiso para practicar la eutanasia activa para poner fin a la vida del paciente de manera deliberada.

Este tipo de testamentos lo pueden hacer mayores de 18 años, o de 16 si están emancipados. También debe realizarse ante notario, personal designado por la Consejería de Sanidad o tres testigos mayores de edad de los cuales, «dos no deben tener parentesco hasta el segundo grado ni estar vinculados por relación patrimonial u otro vínculo».