Madrid se presenta como un lugar propicio para la agencia.
Europa iniciará en mayo las negociaciones para crear la Autoridad Antiblanqueo que España quiere en Madrid
Las nuevas normas de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se extenderán a todo el sector de las criptomonedas
El Parlamento Europeo y representantes de los Estados miembro de la Unión Europea iniciarán a principios de mayo las negociaciones sobre la reforma de las políticas comunitarias contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Incluye la creación de una nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales con poderes de supervisión e investigación para hacer cumplir las normas de forma coherente. España quiere que tenga sede en Madrid.
Aunque faltan por establecer criterios específicos y el proceso aún no se ha abierto formalmente, la candidatura de Madrid cuenta ya con el respaldo de las instituciones españolas, incluido el Ministerio de Asuntos Económicos. Ya se han iniciado rondas de contactos para la promoción de la capital como sede. Al puesto también se postulan otras grandes ciudades europeas como Fráncfort o Viena.
La iniciativa incluye normas más estrictas para colmar las lagunas existentes en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones en la UE.
La reforma prevé también la creación del libro de reglas único de la UE, con disposiciones sobre la realización de la diligencia debida sobre los clientes, la transparencia de los beneficiarios reales y el uso de instrumentos anónimos, como los criptoactivos, y nuevas entidades, como las plataformas de financiación colectiva.
Las nuevas normas de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se extenderán a todo el sector de las criptomonedas, lo que obligará a todos los proveedores de servicios de criptoactivos a aplicar la diligencia debida a sus clientes.
Además, la UE busca dificultar a los delincuentes el blanqueo de dinero negro con un límite máximo de pagos en efectivo de 10.000 euros, aunque los Estados miembro tendrán flexibilidad para imponer un umbral inferior si lo desean.
