El orden público y la seguridad nos cuestan 24.600 millones

Entre febrero y mayo di clases a 45 estudiantes de universidades americanas y lo que más les gustaba de Madrid, con diferencia, era la seguridad que sentían. En la capital puedes volver a tu casa a las tres de la mañana caminando sin ningún tipo de riesgo. Y eso no tiene precio.

No es cierto. Tiene un coste vital en un momento de riesgo de exclusión social que está vivienda España por culpa del sanchismo y que podría no ser suficiente si no conseguimos cambiar esa tendencia y volver a integrar en la sociedad a esas personas que no llegan a final de mes.

El paro, la inflación acumulada del 16 %, la subida de los alimentos del 31 %, la del vestido y calzado del 24 %, la renta per cápita por debajo de 2019, el crecimiento de los impuestos directos, los indirectos... Todo eso ha colocado a muchas familias en España en riesgo de pobreza.

Este es el gran legado del sanchismo y habrá que darle la vuelta para evitar que España se polarice –como le ocurre a Francia– y tengamos problemas de seguridad y orden público. Por eso necesitamos una policía bien formada, con las herramientas adecuadas y, por supuesto, bien pagada. Pero también necesitamos tribunales de justicia que se transformen en una organización puntera en tecnología y dispongan de una red única de comunicación que tenga almacenada toda la información en un sistema de acceso para todos los juzgados y sus funcionarios.

Y un sistema de prisiones moderno, con técnicas de reinserción y formación para que los delincuentes puedan volver a la sociedad con una inversión en I+D+i, sin duda una de las áreas más abandonadas.

A esta actividad le dedicamos hoy un 4 % de gasto total mientras que el gasto político nos desangra que ha crecido un 11 % hasta suponer el 29,8 % del gasto público. El orden público y la seguridad solo crece un 4,7 %.

En 2020, España le dedicó a esta partida 23.507 millones de euros, un 4 % del total del gasto. Los servicios de Policía, incluidos los de la Guardia Civil sumaron 14.742 millones. A esto hay que añadir los servicios de protección contra incendios, que se llevan un 9,5 % del gasto y a los que se dedican 2.223 millones.

A todo esto, hay que sumar los tribunales de justicia que se llevan el 18,6 %, con una cantidad que realmente parece exigua, de 4.363 millones de euros, a los que hay que añadir los 1.854 millones dedicados a prisiones, que se quedan con el 7,9 % del gasto.

I+D mejor no hablamos porque dedicarle a esta partida 2 millones es lo mismo que tirarlos a la basura.

Mirado por el concepto de gasto, los salarios suman 19.928 millones de euros y suponen el 84,8 % del total del gasto, que sumados a los 2.773 millones gastos para poder realizar estas tareas y que se lleva el 11,8 %, tenemos que entre salarios y gastos dedicamos el 96,6 % del total del presupuesto.

En 2020 se dedicaron 753 millones de euros a inversiones materiales, que supusieron el 3,2 % del gasto total.

En 2021, el gasto crece un 4,7 %, por debajo de la media del 5,2 % que crecen los gastos totales y el orden público nos costó 24.621 millones.

Los servicios de policía crecen un 3,6 %, mientras que los servicios contra incendios los hacen un 6,8 %, los de la justicia un 5,0 % y los de prisiones lo hacen un 9,1 %. Siendo los salarios la partida que menos crece, un 3, 3 %, muy por debajo de la media del 4,7 %.

Está claro que el sanchismo en 2021 no ha sentido la necesidad de hacer nada por la seguridad y el orden público y desde luego ha dejado a la justicia al borde de una crisis que se ha manifestado realmente en 2023.

Los ministros de Interior y de Justicia está claro que han estado a otros trabajos que los que les corresponde y son claros culpables de simplemente seguir las órdenes de su jefe. Esperemos que si hay nuevo gobierno se tome en serio esta partida de la economía del bienestar.