Zoido: «El Gobierno de Sánchez le ha dado siempre la espalda al campo español»

Uno de los sectores que más está siendo atacado por las políticas climáticas impulsadas por los verdes -pero apoyados por otros como los socialistas- es el de la alimentación.

Ganaderos y agricultores llevan meses manifestándose por toda la Unión Europea reclamando el cese de las presiones sin sentido con la excusa de la lucha contra el cambio climático.

Si muchas de las propuestas europeas se aprobaran tal y como son propuestas, hace tiempo que el sector alimentario europeo habría desaparecido.

Los que viven del campo han advertido del suicido que supone aplicar medidas sin sentido tan radicales en tan poco tiempo. En España, agrícolas y ganaderos se han manifestado en numerosas ocasiones en la capital. En Países Bajos, las imágenes de los trabajadores de este sector paralizando el país en contra del gobierno dieron la vuelta al mundo.

Hace apenas unas semanas se aprobó en el Parlamento Europeo la ley de protección de la naturaleza. Esta legislación supone un paso más hacia la asfixia de un sector al que se le exige cada vez más a cambio de nada. Con razón más y más voces se levantan reclamando igualdad con otros productores ya que lo que se exige a los europeos no se exige a productores extracomunitarios. Esta desigualdad en el trato es una de las gotas que puede colmar el vaso de la paciencia de una economía ya de por sí maltratada.

Hablamos con Juan Ignacio Zoido, eurodiputado popular y una de las caras más conocidas en favor de la protección de los agricultores y ganaderos en Europa.

–El pasado miércoles 20 de septiembre hubo una reunión del Partido Popular Europeo con 800 asociaciones agrícolas. ¿Cuál fue la razón de un evento de tal magnitud?

–El evento surge por la insistencia que venimos haciendo los miembros del Partido Popular Europeo de la comisión de Agricultura -y en especial desde España- porque creemos que la seguridad alimentaria tiene que ser un eje fundamental de la política de la Unión Europea.

La reunión fue un rotundo éxito. Estuvieron presentes varios presidentes provinciales de Asaja y COPA-COGECA. La presidenta de la comisión, el propio partido y todos los políticos a nivel nacional y regional, unimos nuestras voces con el mismo mensaje: la importancia de la defensa de la seguridad alimentaria y de los agricultores por encima de todo como el sector estratégico en Europa que son.

–¿Actos como este cree que sirven para cambiar la mentalidad reinante? Porque entiendo que el problema no es lo que se propone, sino los plazos en los que se propone.

–Siempre insisto en el calendario y en las ayudas que muchas veces tienen que venir aparejadas. Cada vez que se pretende un cambio, si es profundo, si el cambio tiene una repercusión económica muy importante, debe tener esas ayudas.

El Gobierno de Sánchez le ha dado siempre la espalda al campo español. Los socialistas europeos también le han dado la espalda al campo español y europeo.

La crítica a estas propuestas no es nueva. Numerosas quejas y concentraciones se han realizado contra el ministro Planas como la que tuvo lugar en Córdoba durante la reunión de todos los ministros de la UE.

Este rechazo a su persona es fruto de que ha defraudado a todo el colectivo agrícola, a todos los agricultores. No ha defendido a quien tenía el deber y la obligación, no ha sabido defender al campo. El Gobierno de Sánchez le ha dado siempre la espalda al campo español. Los socialistas europeos también le han dado la espalda al campo español y europeo.

Al señor Planas le enumeré varios ejemplos: votaron a favor de incluir en las etiquetas de vino que su consumo produce cáncer, a favor de la protección extrema del lobo –con el lógico perjuicio para la agricultura extensiva que dice defender– y a favor también de la ley de restauración de la naturaleza.

Nosotros votamos en contra de esta ley porque se limita la producción agrícola sin ningún tipo de evaluación de impacto ambiental, social ni económico. También en contra de la actual PAC porque sabíamos que había menos dinero y que habían diseñado un esquema que le iba a impedir a los agricultores españoles que tuvieran las cantidades suficientes o, al menos, las que estaban percibiendo antes.

La actual PAC está llena de burocracia y papeleo y exige de conocimientos económicos, administrativos y burocráticos del que la gente normalmente carece. El agricultor debería enfrentarse a procedimientos sencillos para facilitar su trabajo.

Mención aparte merece la inexistente reciprocidad económica. Los españoles estamos siendo muy perjudicados como consecuencia de la entrada de productos de otros países en cantidad superior a la permitida y, sobre todo, no guardando las condiciones de reciprocidad. Durante la presidencia francesa, el ministro de Agricultura habló de las clausulas espejo, que no es otra cosa que exigir para la producción fuera de la Unión Europea los mismos requisitos que aquí exigimos a los productores europeos.

–Esa es una de las principales quejas, la falta de reciprocidad o de lógica a la hora de pedir unas cosas a unos y a otros no.

–Se nos exige dos requisitos a nivel sanitario: uno, velar por la salud del ciudadano y dos, preservar el medio ambiente. Sin embargo, cuando vienen los productos de fuera que compiten con los españoles, no se les exige ni la una ni la otra. No se piensa ni en la sanidad ni se piensa en la calidad del medio ambiente. Las cláusulas espejo deben ser introducidas en todos los acuerdos comerciales.

La ley de la restauración de la naturaleza ha tenido una tramitación parlamentaria muy rápida, pero al mismo tiempo con un apoyo muy semejante entre ambas posturas que no se conocía en la Unión Europea desde hace mucho tiempo. Ahora mismo está en triálogo.

El vicepresidente de la comisión responsable de su aprobación fue el socialista español César Luena. Dado el estrecho margen de aprobación de la ley, dijo que la presidencia y los socialistas españoles volverían a la redacción originaria de la Comisión.

Ahora se verá qué es lo que quieren hacer los socialistas: si por un lado van a seguir una postura drástica, fuera de toda lógica o, por el contrario, van a tener un mensaje mucho más racional.

Yo espero que sea lo segundo, pero mucho me temo que la presión de los socios en España de Podemos y de los más radicales pueda hacer que se olviden nuevamente del campo como lo han hecho en la legislatura anterior.

–En los últimos meses parece que la gente está despertando de ese «sueño verde» al darse cuenta de las consecuencias de algo tan radical. A nivel parlamentario, ¿cómo se ha visto o qué sensaciones tienen?

–Lo llevo avisando desde hace tiempo, no se podía conseguir algo así. Una cosa es lo que se quiera aprobar y otra cosa es la carga ideológica con la que ha estado impulsando el Green Deal el señor Timmermans.

Creo que el agricultor español, igual que el ganadero, ha sabido aprovechar todas la ventajas que en cierta medida le ha supuesto el ingreso de España en la Unión Europea y por tanto, acogerse a la PAC.

Timmermans ha sido un obseso de este tema y se ha empeñado en seguir adelante cayera quien cayera. Recuerdo que la primera vez que se presentó la «estrategia de la granja a la mesa», solo estaban presentes el señor Timmermans, el comisario de Medio Ambiente y la comisaria de Salud. Le comenté que en la reunión que estaban todos los de la mesa, pero que se habían olvidado de los de la granja. ¿A quiénes estaban defendiendo?

Desde el EPP hemos impulsado también que se racionalicen los plazos que se habían marcado. Los socialistas no solo han apoyado la «estrategia de la granja a la mesa», sino también la estrategia de biodiversidad.

–¿Y esto por qué es? Todo el mundo entiende que sin alimentos no hay nada más que hacer. En el caso español, éramos casi independientes a nivel alimentario. ¿En qué es lo que más nos afecta todo esto?

–Creo que el agricultor español, igual que el ganadero, ha sabido aprovechar todas la ventajas que en cierta medida le ha supuesto el ingreso de España en la Unión Europea y por tanto, acogerse a la PAC.

Se han transformado, han crecido en internacionalización, en volumen comercial, en volumen de negocio y también -por qué no decirlo- han ganado dinero y han tenido su recompensa económica. Sectores importantísimos que se han desarrollado y acomodado a las nuevas exigencias de manera ejemplar. A tal punto que se puede decir que España es la huerta y la granja de Europa.

Se necesita que se den varios factores para revertir la situación. Primero, un gobierno nacional que esté dispuesto a defender al sector agrícola y alimentario como prioritario y estratégico a nivel nacional. En segundo lugar, que sepa negociar hasta el último momento.

¿Y qué es lo que necesita el sector? Unas normas claras, como lo necesita el resto de los europeos. En toda Europa en general, pero en España en especial, necesitamos que el tema de la reciprocidad quede perfectamente claro. Se trata de que no haya problemas con productos de importación contaminados que puedan contagiar a los nacionales y hacerles perder calidad y competitividad.

Tenemos que defender también el tomate y, por lo tanto, no debemos ceder ante esa competencia desleal de países del norte de África. Hay que decirlo porque es así, porque ni son iguales las condiciones fitosanitarias, ni son iguales las condiciones sociales, ni son iguales las condiciones económicas.

En definitiva, tenemos que tener presente a nivel europeo que la nueva PAC debe ser mucho más sencilla, tiene que ser una PAC que de verdad ayude al agricultor a mantener su rendimiento, su productividad, pero que al mismo tiempo también ayude a la incorporación de las nuevas generaciones.

Eso no se hace con una ayuda puntual. Eso se consigue haciendo rentable la actividad del agricultor y del ganadero. Esa es la mejor ayuda que se puede hacer. La rentabilidad es lo que hace que sea atractivo para el nuevo agricultor, para la persona joven que se incorpora a este sector.

Garantizar la seguridad alimentaria solo se puede lograr con normas claras que se puedan cumplir en plazos lógicos. No se puede pedir algo irrealizable.

Todas las normas que se vayan a aprobar deben ir acompañadas de un informe de impacto ambiental, social y económico que además lo exige la Unión Europea. Y no se está haciendo.