El histórico decreto desregulador de Javier Milei

Argentina está en riesgo de caer en una hiperinflación, producto de la irresponsable emisión de moneda del gobierno kirchnerista, que se aceleró en el último tramo de su mandato (¡emitieron el equivalente al 21 % de la base monetaria en un mes!). La primera prioridad del presidente Milei es abortar ese riesgo. A tal fin anunció un paquete de ajuste fiscal, para equilibrar las cuentas públicas en 2024.

Si se suspenden las obras públicas, si los salarios y pensiones pierden poder adquisitivo, si decenas de miles de «enchufados» perderán sus empleos, entre muchas otras medidas de austeridad, es evidente que el ajuste fiscal tendrá un inevitable impacto recesivo en el corto plazo. Pero culpar a Milei por el dolor que provoquen esas medidas sería tan estúpido como criticar al cirujano de una operación a vida o muerte por los trastornos del postoperatorio.

La novedad de los últimos días es que Milei compensa el impacto recesivo de dichas medidas con un decreto desregulador histórico que, en esencia, abre miles de oportunidades de inversión rentable. Inversiones rentables con las que se creará empleo y se impulsará de forma genuina la recaudación tributaria, facilitando el saneamiento de las cuentas públicas.

En esencia, el decreto pone en el centro legislativo la defensa efectiva del derecho de propiedad, derogando en la práctica el lema de inspiración marxista que animó la acción de gobierno kirchnerista: «Por cada necesidad, hay un derecho». Algo irrealizable y fatalmente empobrecedor: las necesidades son infinitas, pero los recursos para satisfacerlas son escasos.

Entre más de 300 medidas, el decreto abre los vuelos interiores a cualquier empresa (antes ese servicio solo podían prestarlo empresas argentinas), deroga los controles sobre los alquileres, prohíbe que los jueces puedan cambiar la moneda en que se cumple un contrato (para que nunca más, por ejemplo, depósitos bancarios en dólares sean «pesificados»), elimina las restricciones a la compra de tierra por parte de extranjeros, suprime el estalinista «Observatorio de Precios e Insumos» (similar al español «Observatorio de márgenes»), pone a competir a los servicios sanitarios de los sindicatos (una jugosa fuente de recursos sindicales) con las empresas privadas y amplía la competencia en el sector de las farmacias.

Formalmente se trata de un «decreto de necesidad y urgencia» (DNU), que puede ser tratado por el Congreso o no, en cuyo caso sería tácitamente aprobado. Para que el DNU pierda vigencia debe ser rechazado por ambas cámaras (Diputados y Senadores). En los últimos 20 años (cuatro gobiernos kirchneristas y uno de Macri), se decretaron 562 DNUs, lo que da una media de más de 2 por mes. Ninguno fue rechazado por el parlamento. Esto muestra que, no solo se trata de una herramienta legislativa habitual y plenamente constitucional, sino que el Congreso la ha apoyado implícitamente.

Sin embargo, el jovencísimo gobierno de Milei ya carga con acusaciones de querer «voltear la democracia», «derogar derechos» o «avasallar el Congreso», acompañadas de manifestaciones y huelgas varias. Más allá de que los datos del párrafo anterior desmienten por si solos las acusaciones, las credenciales democráticas del DNU desregulador de Milei no pueden ser mayores: de las 331 normas que deroga o modifica, el 45 % fue aprobado por dictaduras militares.

En ese punto llegamos a la desagradable realidad: los socialistas de todos los partidos y sindicatos prefieren seguir convalidando leyes dictatoriales con tal de mantener sus privilegios y/o los de quienes los apoyan. No hay ningún debate real sobre «calidad democrática»: se trata, en el fondo, de intentar mantener privilegios, es decir, de seguir viviendo del trabajo ajeno.

El DNU desregulador (que lejos de ser una improvisación, es fruto del trabajo de años de Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central argentino durante la gestión de Macri y actual asesor de Milei) no solo es una obra económica gigantesca, sino que simboliza el cambio cultural que encarna el gobierno de Milei. Ahora el debate político en Argentina es más claro que nunca: de un lado, los que quieren trabajar e invertir (que celebran); del otro, los que prefieren vivir del trabajo ajeno (los que protestan).

• Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados, @diebarcelo