Policías ante un edificio a punto de ser desalojado
Desalojos exprés y castigo a los 'facilitadores', el plan de Feijóo para atajar el alza de la okupación
El PP presenta este miércoles en el Senado una proposición de ley para atajar el alza del 37 % a los asaltos de vivienda
Desalojos exprés y persecución jurídica a los facilitadores de ocupaciones. El PP presenta este miércoles la primera de lo que el partido denomina 'leyes Feijóo'. Se trata de una proposición de ley orgánica que endurece sensiblemente las penas contra los okupas y facilita su desalojo exprés en 24 horas.
La propuesta, que busca visibilizar la mayoría absoluta de los populares en la Cámara Alta, trata de atajar el alza de la okupación en los últimos años. Según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, se han disparado un 16 % desde 2018, hasta rondar las 17.000.
La proposición, a la que ha tenido acceso El Debate, establece que «el ocupante ilegal de cosa inmueble no gozará de la protección de morada o domicilio frente a la actuación de la autoridad pública o sus agentes». En su caso, quién «disfrute de cosa inmueble ajena, sin pago de renta o merced, ni amparado en la mera liberalidad o tolerancia del propietario o poseedor real» deberá desalojar el inmueble en el plazo de 24 horas.
De lo contrario, se podría proceder a efectuar un desalojo forzoso. Un 'desalojo exprés' que contrasta con los meses de procedimiento que los propietarios afrontan en la actualidad si el ocupante demuestra carecer de alternativa habitacional. El tiempo medio para llevar a cabo un desalojo ha pasado de 18,1 a 20,5 meses, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El documento contempla también un incremento de las penas si la ocupación dura más de 15 días. Y persigue igualmente a los 'facilitadores', aquellos que «promuevan la ocupación» (...) a través de la elaboración o distribución de instrucciones o recomendaciones para la ocupación, o señalare inmuebles para ser ocupados ilegalmente». Serán castigados, según la propuesta del PP, a penas de tres meses a un año como autores de un delito de incitación a la ocupación.
Más aún si ostentan un cargo público, en cuyo caso «serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año y de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años». Ambas medidas ponen en el punto de mira, entre otros, los manuales de ocupación elaborados desde organizaciones como Arran, el brazo juvenil de la CUP.
