El Gobierno se acoge al artículo 135 de la Constitución para aprobar los PGE pese al veto del Senado

El Gobierno se escuda en el artículo 135 de la Constitución para justificar la presentación de un proyecto de Presupuestos Generales de 2024 aunque el Senado, con la mayoría absoluta del PP, pueda vetar por segunda vez los objetivos de estabilidad presupuestaria y de déficit.

Se trata precisamente del artículo que el PSOE y el PP acordaron reformar al final del verano de 2011, en plena crisis económica, para constitucionalizar el principio de estabilidad presupuestaria y establecer que el déficit estructural no pueda superar los márgenes establecidos por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Hasta entonces, el Gobierno podía determinar al margen de la UE el contenido de los estados de gasto de los Presupuestos Generales del Estado.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, viene afirmando que dispone de un informe de la Abogacía del Estado que justifica que, si el Senado impide aprobar la senda de déficit planteada por el Gobierno como paso previo para los Presupuestos, disponen de un 'plan b', que es seguir los objetivos de estabilidad enviados a la Comisión Europa.

Según sostiene, ese informe que todavía no se ha publicado permite al Gobierno utilizar los objetivos presupuestarios fijados en el Programa de Estabilidad que se remitieron a la Comisión Europea en abril de 2023, siempre que los propuestos por el Gobierno no consigan prosperar en las Cortes hasta en dos ocasiones.

En respuesta a un particular que pedía conocer dicho informe a través del Portal de Transparencia, el Ministerio ya sugería que, tras aquella reforma constitucional, «los estados de gasto deberán elaborarse de forma que el déficit estructural no supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea y el máximo establecido en los objetivos de estabilidad aprobados por Congreso y Senado».

Fuentes parlamentarias han confirmado que el informe de la Abogacía del Estado anunciado por Montero se sustenta en el artículo 135.2 de la Carta Magna para evitar el bloqueo de la capacidad presupuestaria del Gobierno: «El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros», establece.

Además, la Ley de Estabilidad Presupuestaria señala que los objetivos se fijan teniendo en cuenta las recomendaciones y opiniones emitidas por las instituciones de la Unión Europea sobre el Programa de Estabilidad de España.

Objetivos rechazados

De momento, el PP ya vetó una primera vez los objetivos presupuestarios del Ejecutivo en el Pleno del Senado del pasado de 7 de febrero. El Gobierno de coalición ha tenido que volver a la casilla de inicio, de manera que el Consejo de Ministros del pasado martes volvió a aprobar los mismos objetivos de estabilidad presupuestaria, que ahora tienen que ir al Congreso y después al Senado.

En dichos objetivos, el Ejecutivo fija un déficit del 3 % para todas las administraciones públicas en 2024, con una capacidad de deuda del 0,1 % para las comunidades autónomas y del 0 % para las entidades locales. Para 2025 y 2026 se prevé una senda de descenso en el déficit estructural, con un 2,7 % para 2025 y en un 2,5 % para 2026.

En lo que respecta al objetivo de deuda pública, el Gobierno prevé un 106,3 % del PIB en 2024, del 105,4 % en 2025 y del 104,4 % en 2026. Por último, la regla de gasto se sitúa en un 2,6 % este año, un 2,7 % en 2025 y un 2,8 % en 2026.

Bruselas, más estricta

Pero la Comisión Europea cree que el déficit para 2024 será del 3,3 %. Aunque no hizo una recomendación específica sobre el déficit, sí aconsejó a España eliminar gradualmente las medidas de apoyo de emergencia en materia energética y aprovechara los ahorros para reducir deuda.

En este sentido, Bruselas pidió al Gobierno una política fiscal «prudente», en particular limitando el aumento nominal del gasto primario neto financiado a nivel nacional en 2024 a un máximo del 2,6 %. También recomendó que a posterior continuara con una política de «saneamiento gradual y sostenible» en materia fiscal.

Y la conclusión de la ministra es que, con los objetivos de Bruselas, las comunidades y las administraciones locales, en su mayoría gobernadas por el PP, tendrán menor margen de gasto este año, en concreto una décima menos las autonomías y dos décimas menos los ayuntamientos,