Edificio central de la Oficina Europea Antifraude (OLAF).
La Oficina Antifraude Europea sitúa a España como cuarto país de la UE con más irregularidades en el uso de fondos estructurales y agrícolas
Tan solo están peor Polonia, Rumanía e Italia
España fue el cuarto Estado miembro de la UE en el que se detectaron más irregularidades en el manejo de los fondos europeos agrícolas y estructurales entre 2019 y 2023, tan solo por detrás Polonia, Rumanía e Italia, según el informe anual publicado este martes por la Oficina Antifraude Europea (OLAF).
La agencia detectó 2.994 irregularidades en España relacionadas con la gestión de los fondos estructurales y de inversión europeos y fondos para la agricultura y el desarrollo rural entre los años 2019 y 2023. El impacto sobre los fondos recibidos fue del 0,47 %.
En Polonia y Rumanía se hallaron 5.383 y 4.507 fraudes, respectivamente. En Italia hubo 3.073 casos. En el lado contrario se encuentran Luxemburgo, con 3 irregularidades; Chipre, con 21, y Malta, con 49.
La cifra supera los datos del periodo comprendido entre 2018 y 2023. Entonces la agencia detectó 2.340 irregularidades en España relacionadas con la gestión, en este caso, de los fondos de Cohesión y de la Política Agrícola Común (PAC). El impacto sobre los fondos recibidos fue del 0,2 %.
Podrían recuperarse 1.040 millones
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude también ha recomendado este martes que se recuperen más de 1.040 millones de euros del presupuesto comunitario de 2023 y que se impulse la prevención contra el fraude de los fondos incluidos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
En su estudio, la OLAF ha subrayado que se podría recuperar este montante tras concluir 265 investigaciones abiertas y emitir 309 recomendaciones para las autoridades nacionales y europeas más relevantes.
El informe también ha destacado investigaciones emprendidas en el ámbito aduanero, especialmente en lo que respecta al contrabando de productos como el tabaco, vino y bebidas espirituosas.
La agencia también participó en un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) con las autoridades policiales españolas y francesas y Eurojust en relación con el comercio ilícito de anguilas vivas. La operación se saldó con la incautación de 1,5 toneladas de anguilas vivas en incubadoras clandestinas de Francia y España y de activos financieros por valor de 2 millones de euros, además de la detención de 27 personas.
