El fracaso de la reducción de jornada en Francia: menos contrataciones y más horas extra

Este lunes, el Gobierno, los sindicatos y la patronal se han vuelto a reunir para avanzar en el borrador del anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales en 2025 sin merma salarial.

No somos el primer país en abrir este debate, hace más de dos décadas ya lo hicieron en Francia. Allí aprobaron la reducción de la jornada en el año 2000, y disminuyeron el tiempo de trabajo de las 39 a las 35 horas semanales, sin recortar el salario. El objetivo del país vecino era conseguir disminuir el desempleo, porque si los ocupados trabajaban menos horas, para ocupar las horas que quedaban disponibles se podría contratar a los parados. A ello se le suma que querían mejorar el bienestar de los trabajadores, y consideraban que esto se iba a traducir en una mejora de la productividad.

Se crearon 350.000 empleos entre 1998 y 2003, según reflejan las estadísticas del Ministerio de Trabajo francés. Pero para ello, el Gobierno francés tuvo que reducir las cotizaciones sociales a las empresas, porque «era la mejor manera de compensar el aumento del coste laboral que tiene el contratar a más trabajadores», explica Emilio González, profesor de Economía Internacional, de Comillas Icade. A ello se le suma que se produjo una caída de la productividad.

Los empleados podían seguir trabajando 39 horas, pero alguna de las horas extra que realizaban se acumulaban para librar

Además de reducir las cotizaciones, el Gobierno francés permitió a las empresas más flexibilidad. Tal y como se refleja en la revista de Actualidad Internacional Sociolaboral de abril de 2024, publicada por el Ministerio de Trabajo español y realizada por su servicio técnico, «en la práctica, los empleados podían seguir trabajando 39 horas, pero alguna de las horas extra que realizaban (4 horas semanales) se acumulaban para utilizarlas en forma de medio día o día completo libre». Por lo que, la jornada laboral media, hoy en día, es prácticamente la misma que hace 20 años.

Y aunque es cierto que esas horas extra se acababan transformando en días libres o vacaciones –en total eran 10 días más de descanso–, esto no era algo que ocurriese en todas las profesiones. Los puestos menos cualificados, como por ejemplo los cajeros, no ganaban días extra de vacaciones, sino medias jornadas y cuando hay pocos clientes. «Esto no les permitía aprovecharlas al ser ajustes puntuales y habitualmente no encajando con las cuestiones personales o familiares».

Sucesivas contrarreformas

Tras esta Ley, promovida por Martine Aubry, la ministra de Empleo y Solidaridad del gobierno del primer ministro, Lionel Jospin, le sucedieron varias reformas que rebajaron la ambición de la reducción de la jornada. En primer lugar, entre 2003-2004, bajo el mandato del primer ministro François Fillon, se amplió el número máximo de horas extras permitidas a 220, así como reducir de manera permanente los impuestos sociales para todas las empresas.

Posteriormente, en 2007, Sarkozy abarató las horas extras bonificando el 25 % de estas, algo que atraía a las empresas porque «les compensaba más que sus trabajadores hicieran más horas, a tener que contratar a más personal. El coste era menor», explica el profesor de Economía Internacional, de Comillas ICADE. Todo ello para mitigar el impacto de la reforma inicial.

El FMI la toma como referencia

El Fondo Monetario Internacional hizo referencia, hace unas semanas, a este caso en un estudio –el informe anual de la economía española en el marco del Artículo IV– en el que cuestionaba la reducción de jornada que ha planteado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En él hablan sobre los efectos que tendría sobre la contratación, y que reducir la jornada no tendría ningún efecto en ella. «El aumento del empleo no está claro y posiblemente sería pequeño, especialmente si la semana laboral se reduce sin reducir los salarios semanales o anuales», explica el Fondo Monetario en el informe. «La experiencia francesa indica que, para minimizar las pérdidas de producción y los costes fiscales, la reducción de las horas trabajadas debe ir acompañada de una moderación salarial», añaden.