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Análisis económicoJosé Ramón Riera

Las comunidades autónomas, en la senda de la intervención económica

El gobierno puede perfectamente acusar a las comunidades del incumplimiento del pacto de déficit (que no han pactado) y proponer a Bruselas un plan para evitar que esto continúe

Actualizada 04:30

Es preciso recordar que en marzo y en septiembre el gobierno español tiene que enviar a Bruselas los compromisos de déficit y de deuda bajo el Protocolo de Déficit Excesivo. En marzo es el compromiso sobre el año y en septiembre es una actualización de los datos y de los compromisos.

El enviado en marzo y me consta que no se pactó ni con la comunidades, ni con las Corporaciones Locales fueron que las comunidades debían de dar un superávit en sus cuentas de 769 millones y las Corporaciones Locales (Ayuntamientos y Diputaciones) debían llegar a 31 de diciembre de 2024 con un superávit de 3.635 millones.

Momento en el que Montero pide explicaciones a Ayuso

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Estas cifras suponían que las Comunidades Autónomas debía mejorar sus estados financiero y contables en 14.023 millones de euros y las Corporaciones Locales en 4.898 millones. Pero a su vez la Administración Central del Estado se permitía el lujo de presentar un empeoramiento neto con la Seguridad Social de 11.485 millones.

La primera vez que vis estas cifras fui consciente de que María Jesús Montero con la aquiescencia del resto del equipo económico de La Moncloa y por supuesto con la aprobación del Jefe Supremo, estaban preparando algo y muy serio.

Al principio pensé que lo que pretendían eran simplemente justificarse con Bruselas de que la culpa del déficit iba a ser responsabilidad de gobiernos autonómicos y locales y así poner el ventilador en Bruselas a funcionar culpando al Partido Popular y Vox de incapacidad para gestionar por ser los responsables del no cumplimiento de los objetivos «acordados» para el ejercicio 2024.

Ahora lo que estoy convencido es que detrás hay una posible involución política, porque si el déficit de la Comunidades Autónomas no se cumple, Hacienda puede decidir la intervención de una comunidad autónoma y tomar el control económico de la misma, que es lo mismo que decir que sin necesidad de aplicar un 155 de la Constitución puede paralizar cualquier decisión de los presidentes autonómicos mediante el mecanismo de pago a proveedores y acreedores incluido los salarios de los empleados públicos.

El 1 de julio de 2012 Manuel Llamas, actual director Ejecutivo del Instituto Juan de Mariana y ex Viceconsejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, publicaba un artículo en Libre Mercado que se titulaba: ¿Cómo y cuándo puede ser intervenido una comunidad autónoma? Qué iniciaba así: «Ocho comunidades autónomas han entrado en riesgo de intervención. Tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que tuvo lugar el jueves, Hacienda lanzó un primer aviso a dichas autonomías por incumplir la senda presupuestaria marcada en sus planes económico-financieros (PEF) y, por tanto, desviarse del objetivo de déficit público».

Antes de anticipar más posibilidades, es importante saber como se ha cerrado el último mes de la Contabilidad nacional del conjunto de las comunidades para luego, poder seguir con las conclusiones.

Lo primero que sorprende es el crecimiento de los ingresos por los impuestos de las comunidades, que solo lo hace un 3,0 %, lo cual parece dar a entender que esta fuente de ingresos, que crece menos que la inflación, está agotándose, si a esto le añadimos que las Transferencias de Montero las tiene congeladas y no suben más que un 0,8 %, resulta que los ingresos de las 17 comunidades solo crecen un 1,6 %.

Los gastos por otra parte lo hacen un 6,3 %, con un crecimiento de los salarios de un 5,9 %, la partida más importante de gasto de las comunidades. Los intereses de la deuda están disparados y crecen un 27,9 % y va a ser una losa importante a finales de año. Las subvenciones también se han disparado con una subida del 15% y las prestaciones sociales crecen un 5,4 %, juntos con un 6,6 % los otros gastos.

En definitiva a cierre de abril se ha producido un déficit de casi 8.000 millones que puede llegar a superar los 24.000 millones a finales de 2024.

Si esto llega a producirse, el gobierno puede perfectamente acusar a las comunidades del incumplimiento del pacto de déficit (que no han pactado) y proponer a Bruselas un plan para evitar que esto continúe y llevar a delante una intervención económica de todas las comunidades que más hayan disparado su déficit y entre las que por descontado se meterá a Madrid a Andalucía y quizás a la Comunidad Valenciana y por supuesto no estará Cataluña, simplemente por su «singularidad»

Aviso a navegantes: se pretende culpar a las autonomías de la responsabilidad del déficit del Estado

De acuerdo que en estos momentos no tengo ninguna prueba de que esto vaya a pasar, pero estamos en un escenario que se podría dar en el momento en que las comunidades superen el déficit de 13.254 millones que dieron en 2023.

Desde aquí les pido a los dos partidos de la derecha que empiecen con una campaña en Bruselas de que con ellos no se ha pactado nada de las cuentas de 2024, que Hacienda a pesar de recaudar un 8,2 % más que el año pasado solo les ha transferido por valor de un 0,8 % y que lo que pretende en definitiva, es culpar a las comunidades de la responsabilidad del déficit del Estado. Aviso a navegantes.

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