El F-16 y los cálculos interesados del nacionalismo catalán

La cuestión de las balanzas fiscales regionales se aborda pertinazmente en España de manera incompleta. La razón es doble; estrechez de miras al analizarla sin conexión con el debate sobre la organización territorial del Estado y falta de información suficiente provista por el Ministerio de Hacienda. Así las cosas, las soluciones a esta cuestión recurrente, son insatisfactorias.

El economista Ángel de la Fuente acaba de publicar un análisis actualizado de la cuestión en la serie de apuntes de la Fundación Fedea. Sin duda es uno de los mejores conocedores de este asunto y él mismo señala que «la polémica sobre los saldos fiscales regionales sólo puede entenderse como un aspecto de un debate más amplio sobre la organización territorial del Estado». Así es pero, la mayor parte de los esfuerzos han estado orientados a verificar principalmente los cálculos de estas balanzas. Unos cálculos particularmente patrocinados por el nacionalismo catalán desde la década de los sesenta del siglo pasado.

Aquí, como en tantas otras cuestiones, los académicos españoles tardaron en desmontar los cálculos interesados del nacionalismo catalán permitiendo que calase hasta hace muy poco, el relato de «España nos roba». Un relato que propalaba un argumentario numéricamente cuantificado y aparentemente objetivo, que parecía avalar la tesis de que existía un reparto territorial inequitativo de los costes y beneficios ligados a la actuación del sector público. Un reparto injusto que lesionaba los intereses de los ciudadanos catalanes.

De entre las dos alternativas metodológicas para echar las cuentas de las relaciones financieras entre las administraciones autonómicas y la administración central, la de la carga-beneficio y el de flujo monetario, los estudios pro secesionistas han elegido mayoritariamente la segunda. Una metodología que imputa el beneficio social al lugar donde se realiza un determinado gasto.

El sesgo de esta metodología es inmediato como señala el propio de la Fuente con este ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la compra de un F-16 asignado a la base aérea de Zaragoza que patrulla por todo el espacio aéreo español? De acuerdo con el flujo monetario, este gasto se imputaría por entero a Aragón, pero es en Missouri donde se produce el avión y se genera, por tanto, empleo y renta. Sin embargo, está claro que los beneficiarios de sus servicios de defensa somos todos los españoles. En definitiva, aunque el gasto se realice en la base aérea de Zaragoza, es evidente que el beneficio se dispersa por territorios bien lejanos. Lo mismo ocurre con el apoyo público a una película cuya productora radica en Madrigal de las Altas Torres pero acaba ganado la Concha de Oro del Festival de San Sebastián y viéndose en las plataformas digitales de buena parte del mundo.

Cataluña ocupa la posición que se espera con un déficit del 5 % del PIB

Pero más aún, el reparto territorial de cargas (en el sentido de esfuerzo fiscal) y beneficios del gasto público siempre debe ser necesariamente desigual si -como ocurre en España- el esfuerzo fiscal se distribuye en función de la capacidad de pago y ésta se reparte desigualmente. Por eso, cuando se realizan los ajustes para tener en cuenta la renta por habitante (o versiones más sofisticadas de esta idea), Cataluña ocupa la posición que se espera con un déficit del 5 % del PIB, a considerable distancia de las cifras patrocinadas por el secesionismo. Los territorios más ricos generalmente presentan déficits fiscales mientras que los de menor renta suelen disfrutar de superávits. No ocurre así para todas las administraciones regionales españolas (es sistema requiere mejoras) pero sí es lo que sucede con Cataluña.

Trato privilegiado

Sobre lo anterior, el también economista Clemente Polo acaba de publicar en la revista Consejeros datos muy solventes del trato privilegiado que Cataluña recibió en el reparto del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). En términos porcentuales sobre el total de financiación suministrado, Cataluña recibió el 32,74 % mientras que el porcentaje de población catalana sobre la población de las quince autonomías de régimen común es tan sólo del 17,64 %. La conclusión a la que llega es que entre 2012 y 2024 el Estado ha suministrado a Cataluña una financiación por habitante muy superior al resto de regiones con un sistema de financiación similar salvo en el caso de Valencia.

Entre 2012 y 2024 el Estado ha suministrado a Cataluña una financiación por habitante muy superior al resto de regiones, salvo Valencia

Pero, como sosteníamos al principio, la cuestión de las balanzas fiscales se afronta de manera incompleta cuando se hace de forma desconexa del debate más amplio sobre la organización territorial del Estado. También cuando falta la información como la que durante un escaso periodo de tiempo ofreció el Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas.

Una prueba de lo primero es la reivindicación conjunta que hicieron en presidente andaluz Moreno Bonilla y el entonces presidente valenciano Chimo Puig en septiembre de 2021. Una reivindicación que sólo tenía de bueno lo que de contrapeso supuso a las exigencias del secesionismo catalán. En lo demás, era la consabida máxima de que gobernar es gastar y gastar sin parar. Peor todavía resultaba cuando se leía con detenimiento el fundamento técnico de su propuesta de financiación autonómica. Ambos presidentes reivindicaron la capacidad para modular el IVA por parte de las Comunidades Autónomas, una capacidad de la que ni siquiera disponen los privilegiados territorios forales. De tenerse en cuenta la propuesta, tamaña barbaridad acabaría por distorsionar la ya dañada unidad de mercado interior estableciendo en la península tipos de IVA diferentes según regiones.

La lucha contra la pandemia y la más reciente crisis energética nos trajeron ejemplos de los beneficios derivados de la acción conjunta o concertada del sector público. Esos siguen siendo puntos de partida muy enriquecedores para rediseñar la organización territorial del Estado. Un rediseño que afiance la solidaridad entre españoles. No sólo fiscal, también la política de la que aquella es sólo una derivada lógica.

• José Manuel Cansino es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, profesor de San Telmo Business School y académico de la Universidad Autónoma de Chile / @jmcansino