La Justicia estadounidense abre la veda para el embargo de bienes españoles en su territorio

Pintan bastos para los intereses de España. Tras años negándose a pagar compensaciones por la retirada de los subsidios a la energía, un tribunal estadounidense ha dado luz verde al embargo de bienes españoles en territorio norteamericano como pago de los laudos abiertos contra nuestro país.

El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia ha dado la razón a NextEra, 9ren y AES, compañías que acumulan laudos contra España por valor de 360 millones de euros, en su denuncia contra la inmunidad que alegaba nuestro país para no pagar estas compensaciones.

Aunque la corte no entra a discutir si España debe pagar o no, sí da vía libre para que las compañías afectadas puedan presentar sus alegaciones en tribunales estadounidenses y, si se da el caso, decretar el embargo de bienes españoles en este territorio, como ya ocurriera en el Reino Unido.

Fuentes cercanas a las empresas afectadas por los impagos advierten de que si España no cumple las sentencias de los tribunales estadounidenses, «seguirá el ejemplo de países como Venezuela» y exigen al Gobierno español que «se siente y resuelva este lío».

«Teresa Ribera tiene una propuesta en la mesa para solucionarlo, permitiendo la reinversión verde en España. La ministra debe actuar ahora y poner fin a esta vergüenza nacional», añaden.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó generosos subsidios para inversiones en renovables que atrajeron el interés de varias energéticas europeas, principalmente holandesas y luxemburguesas. Tras la crisis financiera, el Ejecutivo de Mariano Rajoy decidió anular estas ayudas, lo que llevó a las compañías a presentar decenas de denuncias amparándose en una cláusula del Tratado sobre la Carta de la Energía, un acuerdo multilateral al que pertenecía España hasta octubre de 2022.

Sin embargo, la Unión Europea determinó ilegales los arbitrajes al entender que las resoluciones del organismo internacional no se aplican a las disputas entre estados miembros, lo que llevó a las empresas a acudir a tribunales de Gran Bretaña y Estados Unidos para obtener compensaciones.

Algunos de estos tribunales ya dictaminaron el embargo de bienes españoles en el extranjero como contraprestación, como fue la sede del Instituto Cervantes en Londres, el derecho de cobro de la indemnización del Prestige o el usufructo de Aena sobre el aeropuerto de Luton.

España, por su parte, presentó en tribunales holandeses y luxemburgueses solicitudes para que impidieran judicialmente que las empresas de estos países pudieran acudir a las cortes estadounidenses, pero los resultados fueron desiguales. Ahora, la Justicia estadounidense ha rechazado la inmunidad soberana que alegaba el recurso de España, lo que da vía libre para que las compañías afectadas presenten los recursos en Estados Unidos.

No se trata de un tema baladí. Según el Índice de Cumplimiento de Resoluciones Internacionales, fundado por el doctor en Derecho Nikos Lavranos, España es, junto a Venezuela, el país con mayor número de laudos impagados del mundo, que acumulan un valor de 1.200 millones de euros sin contar los intereses, que aumentan cada año, y los costes legales en abogados y consultores, que superan los 250 millones de euros. En total, los expertos calculan que España tendrá que hacer frente a un monto por encima de los 2.000 millones.