Las claves de la financiación «singular» de Cataluña, el concierto económico que Montero niega

A pesar de que parece un concierto, huele a concierto y suena a concierto, María Jesús Montero está convencida de que la «financiación singular» de Cataluña no lo es y, «quien diga otra cosa, miente». Si bien es cierto que difiere ligeramente con el régimen foral que disfrutan País Vasco y Navarra, se trata de una cesión de la soberanía fiscal sin base constitucional.

La Ley General Tributaria, en la que están recogidos los principios básicos y las normas fundamentales del sistema tributario español, ya establece en su primer artículo la convivencia de dos regímenes tributarios, uno único aplicado homogéneamente en todo el territorio por una única Administración, y otros especiales, como es el caso de Navarra y País Vasco.

Aunque la Ley Tributaria de 1963 reconocía su existencia, estos regímenes especiales se asentaron en la Constitución de 1978. En el caso de Navarra, los fueros son una herencia de su incorporación a la Corona de Castilla y fueron mantenidos gracias a la Ley Paccionada de 1841. Para País Vasco son consecuencia del derecho consuetudinario y, aunque fueron abolidos tras las Guerras Carlistas, estos fueros serían sustituidos por el primer Concierto Económico.

Su mantenimiento en democracia ha provocado no pocas tensiones ya sea por las comunidades que ven, en efecto, un agravio comparativo, como por aquellas que desean un nivel de autonomía tributaria similar al de estas dos regiones. Pero lo cierto es que ningún político se había atrevido a abrir un melón de semejante calibre. Salvo Pedro Sánchez, claro, capaz de cualquier cosa con tal de mantener un Gobierno con cada vez menos apoyos.

Según la ministra de Hacienda, se trata de un modelo «que ni es un concierto económico ni es una reforma al uso del sistema de financiación». «Es una fórmula que permite profundizar en el autogobierno al que Cataluña aspira y que considera importante para el desarrollo de sus competencias y de sus expectativas políticas en el futuro». Hilarante.

El régimen foral de Navarra y País Vasco se caracteriza por la potestad de mantener, establecer y regular su régimen tributario. Esto implica que la gestión, recaudación e inspección de la mayoría de los impuestos estatales –salvo los derechos de importación y los gravámenes a la importación en los IE y el IVA– corresponde a estas regiones y contribuye a la financiación de las cargas del Estado no asumidas –como Defensa o Exteriores–, a través de una cantidad denominada «cupo» o «aportación». Este se fija cada cinco años y merece mención aparte ya que el porcentaje en el que se basa lleva congelado casi medio siglo.

Los independentistas aspiran a recaudar la totalidad de impuestos a cambio de una transferencia por servicios estatales y una «aportación de solidaridad»

De acuerdo con el sistema al que aspiran los independentistas catalanes, Cataluña gestionaría la totalidad de los impuestos, en lugar del 9 % actual, entre los que estarían incluidos el IVA, el IRPF, el Impuesto de Sociedades o los Especiales. A cambio, se compromete a transferir al Estado una cantidad por determinar por los servicios estatales en la comunidad más otra partida en concepto de «aportación de solidaridad». Estas cantidades se revisarían periódicamente a través de un «mecanismo bilateral» entre la Generalitat y la Administración Central.

Se trataría de un régimen prácticamente idéntico al foral que disfrutan País Vasco y Navarra. La principal diferencia es que, mientras que en País Vasco son las tres provincias las encargadas de la recaudación, en el caso catalán estaría en manos de la Agencia Tributaria de Cataluña, dependiente de la Generalitat. También las cantidades variarían, aunque en el acuerdo para investir a Salvador Illa no se han concretado todavía.

Sin embargo, la implantación de este sistema todavía está muy lejos de ser una realidad. Requeriría una modificación de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA) a través del Congreso y varios partidos ya han mostrado su rechazo. Además, varios expertos en Derecho han advertido de su inconstitucionalidad y solo tendría cabida como una «interpretación extensiva» de la Carta Magna. Veremos qué guarda Sánchez bajo la manga.