La patronal rechaza la última oferta para reducir la jornada laboral y aboca a Trabajo a aplicar un decretazo

El Comité Ejecutivo de la CEOE ha rechazado por unanimidad la última oferta del Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral a las 37,5 horas. La patronal no ha esperado a la reunión del próximo 11 de noviembre después de que el Departamento que dirige Yolanda Díaz se negara a que esta rebaje se negociara a través de los convenios colectivos, como había acordado previamente con los sindicatos.

En un comunicado firmado por CEOE y Cepyme, los empresarios señalan que, «desde la responsabilidad», no pueden apoyar dicha propuesta.

«Modificar por ley cuestiones que son materia propia de los convenios colectivos, como la reducción de jornada, y que, de hecho, ya se están pactando de forma bilateral en los convenios, supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva, consagrada en el artículo 37.1 de la Constitución», explican.

Consideran que la aprobación de la reducción de jornada «debilita el marco de la negociación colectiva» y aboca a muchas empresas, especialmente pymes y autónomos, a una reorganización «que pondrá al límite su capacidad de organización interna y su supervivencia».

Además, recuerdan que difícilmente se va a incrementar la productividad a partir de la reducción de jornada «en un tejido productivo compuesto en alrededor de un 98 % por pymes y autónomos» y donde los sectores con mayor aportación al PIB «están vinculados a los servicios o el turismo».

«Adoptar medidas como esta, con carácter general, tiene poco sentido si se tiene en cuenta las enormes diferencias existentes entre los distintos sectores económicos y entre comunidades autónomas», concluyen.

Después de la última reunión, en la que el Gobierno ofreció ayudas directas de 6.000 euros a las empresas de menos de cinco trabajadores, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, advirtió a la patronal de que, si no entra en el acuerdo, acordaría la medida con los sindicatos «y no hay duda de que la geometría de esta propuesta cambiará y algunos elementos podrían quedar fuera».

Tramitación de urgencia

En cualquier caso, el Ministerio de Trabajo se encuentra con un problema de plazos. Díaz prometió en su momento la reducción a 38,5 horas en 2024 y 37,5 en 2025, aunque ya ha deslizado que será a partir del 31 de diciembre del próximo año. Por ello, tramitará la medida como anteproyecto de ley por la vía de urgencia, un recurso que permite reducir los plazos a la mitad, aunque también puede eternizarse si no cuenta con apoyo parlamentario suficiente, como ocurrió con la ley de vivienda.

Por ello, el voto de Junts y PNV se antoja clave para que el anteproyecto prospere. A los catalanes no les ilusiona demasiado el asunto y son más partidarios de que se negocie en los convenios, como defiende la patronal, mientras que la formación nacionalista vasca ya ha adelantado que la reducción no les va a afectar, ya que la mayoría de convenios se mueven en esas horas, si no menos.