El Gobierno ahoga a impuestos a las nucleares mientras las acusa de no ser rentables

El apagón nuclear previsto para 2035 corre el riesgo de convertirse en una ratonera para los consumidores y empresas. El Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) no garantiza la estabilidad de suministro –lo que supondría un aumento de la dependencia exterior–, mientras que el incremento de la presión fiscal aboca a las compañías que gestionar las nucleares al cierre.

El presidente del Foro Nuclear lo resumía hace unas semanas en su visita a la central nuclear de Almaraz: «Nos están breando en el tema fiscal. No puede ser que al final se eche por tierra y se diga que no es competitiva una tecnología, cuando no es competitiva porque te cargan de impuestos».

Desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, el mantra de la rentabilidad era el más repetido para justificar el cierre de las nucleares. Y es verdad: a las empresas les resulta más caro mantener las centrales en funcionamiento que cerrar, lo que el Ejecutivo no cuenta es que es una consecuencia del exceso de carga impositiva que se ha agravado con el incremento de la contribución al pago de la gestión de residuos, la llamada tasa Enresa.

En 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó la ley 24/2005 de reformas para el impulso a la creatividad que contemplaba la creación de una entidad pública empresarial (Enresa) de gestión de residuos radioactivos con una tasa para sufragar los gastos del desmantelamiento de las centrales nucleares al final de su vida útil.

Dicha tasa se fue modificando, con sucesivos aumentos, hasta 2019. El Ejecutivo la fijó entonces en los 7,98 euros el megavatio y se comprometió que no se incrementaría más del 20 % a cambio de que las centrales siguiesen operando con el calendario del apagón nuclear. Sin embargo, a mediados de este año, el Gobierno incumplió su promesa y subió la tasa un 30 %, hasta los 10,36 euros el megavatio tras la aprobación del VII Plan General de Residuos Radioactivos.

Este aumento es el que ha lastrado la rentabilidad de las centrales, como pone de manifiesto un reciente estudio de Contexto elaborado por el exministro socialista Jordi Sevilla, que muestra que el conjunto de los impuestos para la energía nuclear en 2025 se situará en los 28,22 euros por megavatio, un 71 % más que en 2019, y un 41 % del total del coste del parque nuclear.

Esta presión fiscal ha provocado que algunos reactores pidieran en marzo detener su actividad ya que el coste variable era mayor que sus ingresos. Ascó, entonces, no fue autorizada a parar para evitar problemas de garantía de suministro a pesar de que la penetración de las renovables era muy elevada. En otras ocasiones, Red Eléctrica tuvo que pedir al sector electrointensivo que parase su actividad para evitar posibles apagones.

Incluso en condiciones favorables, estos casos son un ejemplo de que, sin la nuclear o un descenso de la actividad, habría sido necesario acudir a los ciclos combinados, con el consiguiente aumento del precio.

«La energía nuclear permite que, más allá del comportamiento puntual de las energías renovables, exista una seguridad en los precios y en la garantía del suministro», señala el estudio de Contexto.