La «gran empresa pública» de vivienda de Sánchez se limitará a un lavado de cara del Sepes, la gestora de suelo

La «gran empresa pública de vivienda» anunciada por Pedro Sánchez se materializará finalmente en un lavado de cara del Sepes, la entidad pública que se encarga de la gestión del suelo que apenas tiene 36.000 viviendas en propiedad.

Ha sido la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, la encargada de dar forma el anuncio del presidente en el pasado Comité Federal del PSOE celebrado en Sevilla. Según ha señalado, este ente «reunirá bajo un mismo paraguas todas las iniciativas llevadas a cabo en los últimos años por las distintas administraciones para darles un impulso, utilizando como germen la entidad del suelo Sepes, para abarcar también la promoción de vivienda de alquiler asequible».

Su objetivo, según ha señalado, será promover, construir y gestionar 1,5 millones de viviendas «en el menor tiempo posible». En el Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA), en el que el Gobierno prometió la movilización de 184.000 viviendas, el total de inmuebles pertenecientes al Sepes era de 35.957. A estos habrá que añadir los 25.000 de la Sareb que se están levantando por convenios con los ayuntamientos de un total de 80.000 que están en fase de construcción y movilización.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha comentado tras el Consejo de de Ministros que espera, «desde el respeto de las competencias de las distintas administraciones», pueda suscribir nuevos convenios de colaboración público-privados. Además, ha añaido, esta empresa será responsable desde la urbanización y entrega de llaves.

Este lunes, Rodríguez advirtió que esta nueva empresa servirá para «combatir» a aquellas comunidades que no cumplan con la Ley de Vivienda, como es el caso de Madrid o Andalucía.

Estas regiones ya han advertido que la Ley de Vivienda es de carácter potestavivo ya que, en su artículo 18, señala que «las Administraciones competentes en materia de vivienda podrán declarar, de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos en su normativa reguladora y en el ámbito de sus respectivas competencias, zonas de mercado residencial tensionado».

Desde la Consejería de Andalucía recuerdan que la Ley de Vivienda «se gestó a espaldas de las Comunidades», y que con la creación de una empresa pública de vivienda «parece que quieren intervenir las propias autonomías».

Además, el artículo 148 de la Constitución deja muy claro que las competencias de vivienda están transferidas a las Comunidades Autónomas.

Para Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil de la Universitat Rovira i Virgili y fundador de la Cátedra Unesco de Vivienda, «una empresa pública de vivienda tiene poco sentido atendiendo tanto al sistema competencial español como a los antecedentes que hemos tenido».

«Cada Comunidad ya tiene además su propia empresa pública o agencia encargada de gestionar y promover la vivienda pública, por lo que no sé cuál será su rol más allá de burocratizar el sistema y duplicar servicios», añade