La nueva ley de Economía Social amenaza con expulsar a miles de discapacitados del mercado laboral

El Gobierno, el pasado mes de octubre, dio luz verde al anteproyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social —que actualmente está siendo tramitado en las Cortes—, una iniciativa que busca «atajar el intrusismo en las cooperativas, a la vez que se avanza en igualdad y digitalización».

En el anteproyecto se modifica la definición de empresa de inserción para que sea «más adecuada y coherente» con sus fines, de forma que los nuevos ajustes introducidos en el funcionamiento interno de estas empresas «permitirán garantizar su competitividad con la contratación indefinida en empresas ordinarias como meta laboral». Pero, también hay un cambio denunciado por el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (Ceddd) que afecta de manera negativa en el empleo de personas con discapacidad.

Esta inquietud está motivada por la propuesta de modificación del artículo 5.1 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, que tiene por objeto «dejar fuera del paraguas jurídico de la Economía Social» a un total de 1.694 centros especiales de empleo (CEE), que no ostentan la calificación de iniciativa social y que a su vez emplean a más de 60.000 trabajadores con discapacidad.

Desde que en 1982 se aprobase la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI), los centros especiales de empleo son una herramienta clave para asegurar un empleo remunerado y la inserción en el mercado laboral a las personas con discapacidad en España. El temor es que ahora, si este Proyecto de Ley sale adelante, se acabe con la posibilidad de que muchos de estos centros sigan operando, ya que plantea eliminar su reconocimiento como prestadores de Servicios de Interés Económico General.

«Los CEE de iniciativa empresarial se verán privados de forma injustificada del acceso a políticas de impulso y promoción de la Economía Social, incluido entre otros el acceso a ayudas, subvenciones y fondos públicos o a su contratación como entidades prestadoras de actividades de interés económico general», lamenta Albert Campabadal Blanco, presidente de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee).

Según datos facilitados por Conacee, los CEE de iniciativa empresarial representan el 69 % de los CEE que existen en España y que contratan al 57 % de trabajadores que emplean estos centros especiales. Es decir, «se dejaría sin empleo a decenas de miles de personas con discapacidad, en un contexto en el que ya enfrentan grandes barreras para integrarse en el mercado laboral», explica Campabadal.

Desde Conacee no entienden que quiere el Gobierno con esta modificación, porque, aunque los CEE reciben ayudas «estas son para realizar los ajustes personales y sociales, adaptaciones al puesto de trabajo, seguimientos sociales y contratación de las Unidades de Apoyo necesarios para una incorporación exitosa de todas las personas con discapacidad que trabajan», explican.

«Teniendo en cuenta que solo uno de cada cuatro personas con discapacidad en edad laboral trabaja actualmente en España, lo que tenemos que hacer son políticas para mejorar su empleabilidad y no todo lo contrario», asegura Campabadal. Por eso pide la «urgente y necesaria» revisión del proyecto de ley y que se escuche a todos los actores implicados.

«Lo que está en juego y por lo que estamos luchando es por defender los intereses de decenas de miles de trabajadores con discapacidad en nuestro país», concluye.