El cambio de rumbo de Glovo provoca el caos: «Sabe el número de licencias, pero no el de trabajadores»

El cambio de rumbo de Glovo ha dejado al sector del reparto a domicilio en vilo. La empresa propiedad de Delivery Hero ha anunciado la conversión del modelo de autónomos a personal laboral, pero no ha dado muchas pistas de cómo procederá a una regularización que afectará a miles de trabajadores.

La empresa ha adelantado que el nuevo modelo permitirá «tanto la operación a través de contratación directa como el ejercicio de la actividad en empresa de logística de última milla, con el objetivo de dar la mejor alternativa operacional a cada situación».

Fuentes de la compañía señalan que «próximamente» compartir todos los detalles del nuevo modelo, aunque lo cierto es que todavía no han decidido qué van a hacer, ya que se trata de un melón de difícil digestión.

En primer lugar, Glovo considera que la contratación de los cerca de 15.000 autónomos afectados por esta medida tendría un impacto económico de 100 millones de euros, cifra que el Ministerio de Trabajo eleva a 270 millones por cotizaciones impagadas. Esta compañía, de hecho, acumula multas por encima de los 200 millones de euros por diferentes motivos.

Por otro lado, está el problema de la subcontratación. Desde la plataforma Riders x Derechos apuntan a que durante años se ha permitido que la compañía propiedad de la multinacional Delivery Hero creciera «sin gastos de contratación, con más riders de los necesarios que se hace la competencia entre ellos». Así, Glovo ha conseguido situarse como la plataforma con mayor cuota del mercado (41 %) en nuestro país, por delante de Just Eat (39 %) y Uber Eats (20 %), según datos de Dashmote.

Entre sus condiciones de subcontratación, Glovo establece como requisitos aportar nombre, teléfono, correo electrónico y documento de identidad «que acredite la posibilidad de trabajar legalmente en el país», pero lo cierto es que muchos propietarios alquilan sus cuentas a inmigrantes sin papeles.

«Cuando los tribunales comenzaron a apretar, pusieron sobre el papel el modelo Flex que, según ellos, permite la contratación», señalan desde la Confederación General del Trabajo. «Lo que ocurre es que hay gente que utiliza su licencia para economía sumergida e inmigración irregular, por lo que Glovo sabe el número de licencias, pero no el de trabajadores», añaden.

En internet no es difícil encontrar anuncios en foros y redes sociales ofertando o demandando el alquiler de una de estas licencias, así como advertencias de fraudes en estas operaciones. Por lo general, el propietario, que corre con los gastos fiscales y se encarga de los pagos, se lleva entre el 20 % y el 30 % de las ganancias totales del trabajador subcontratado, pero en algunos casos puede llegar al 40 %.

Con el nuevo modelo, muchos de los inmigrantes ilegales que trabajan en estas condiciones temen perder un medio de subsistencia por el que pueden ganar hasta 1.300 euros al mes.

Decisión arbitraria

La medida, además, tampoco ha sentado bien entre los propietarios de una licencia que compaginan su trabajo con otras plataformas. Uno de los muchos repartidores que se arremolinan frente a una conocida cadena de hamburguesería cada día denuncia que «hay muchos falsos autónomos que están con Glovo pero no declaran el dinero y eso nos perjudica al resto».

«La decisión es arbitraria y sin consultar a los trabajadores; muchos de nosotros nos vemos perjudicados porque trabajamos con nuestro tiempo y, al estar contratados vamos a tener que seguir un horario impuesto por la empresa», comenta.

Efectivamente, Glovo ha anunciado que los repartidores que colaboraban con la aplicación entre el 12 de agosto de 2021 y el 31 de julio de 2024 «recibirán una notificación conforme se les ha dado de alta», mientras que, a partir del mes de abril de 2025, se notificará la misma situación para los que colaboran desde el 1 de agosto de 2024. Una vez que estos trabajadores reciban el alta en la Seguridad Social, la compañía detallará «el proceso a seguir para formalizar el contrato y la actividad como repartidor laboral».

Desde el sector, no obstante, tienen dudas de que esta regularización sea masiva y apuntan a modelos similares al de la competencia, con una flota de trabajadores en plantilla y otra parte subcontratada. «Esto viene detrás de tres envites judiciales y está por ver cómo lo articulan, pero abre muchos interrogantes desde el punto de vista del derecho laboral», advierten desde CGT.