El Gran Hermano laboral de Díaz: Inspección podrá acceder en tiempo real a la jornada de los trabajadores

El enfrentamiento entre el Ministerio de Trabajo y el de Economía por la aplicación de la jornada laboral ha opacado uno de los puntos más polémicos del nuevo texto, que pretende introducir un registro que permita a la Inspección de Trabajo acceder de manera inmediata a los datos del trabajador. Sin embargo, desde este organismo no tienen tan claro su viabilidad, ya que el Departamento que dirige Yolanda Díaz todavía no ha cumplido lo pactado en materia de refuerzo.

Después de un año de reuniones, la gallega pudo presentar este viernes el acuerdo para la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas. Lo hizo, eso sí, sin la firma de la patronal, que rechaza la incorporación de esta medida al Estatuto de los Trabajadores en lugar de los convenios colectivos, como siempre se había hecho.

La presentación de este texto es, no obstante, un pequeño paso en un camino todavía muy largo para la implantación real de la medida, pendiente del trámite parlamentario. El compromiso de Trabajo es que la reducción de jornada entre en vigor en 2025 —ha pasado del 1 de enero al 31 de diciembre—, mientras que en el PSOE han sugerido alargar ante el delicado equilibrio político que requerirá el apoyo de Junts, todavía reticente.

El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 34.9, obliga a las empresas a contar un registro de jornada que se deberá guardar durante cuatro años. Sin embargo, el texto no especifica el soporte en el que deben conservarse esos ficheros, asunto por el que ha sido motivo de polémica hasta que en 2022 la Audiencia Nacional obligó a una empresa a modificar su registro en papel por «un sistema fiable y objetivo, que mida el tiempo real de la jornada de trabajador». Desde entonces, casi todas las empresas han introducido registros telemáticos a través de aplicaciones de ordenador o de móvil.

Ahora el Ministerio quiere ir más allá con la supresión del citado apartado del Estatuto de los Trabajadores para introducir un nuevo artículo 34 bis que garantice «la objetividad, la fiabilidad y la accesibilidad» del registro. Este deberá figurar en un formato compatible «con los de uso generalizado» que permita su documentación, pero sobre todo deberá ser accesible de forma inmediata y remota para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Complicada implantación

Este organismo, no obstante, no ve tan clara la implantación de este Gran Hermano laboral que pretende el Ministerio dados los problemas organizativos y de refuerzo que arrastra desde hace años. El Gobierno prometió en 2021 realizar una relación de puestos de trabajo para Inspección que todavía no ha cumplido, lo que los llevó a la huelga el pasado año.

Entonces, Función Pública y Hacienda se comprometieron a elaborar una relación «de manera prioritaria y urgente», pero esta no solo no ha llegado, sino que además se prevé un aumento de la carga de trabajo con la reducción de la jornada laboral. «Se necesita refuerzo, el plan estratégico de 2023 ya advertía de la falta de personal. Díaz dijo durante la firma de la reducción de jornada que su Ministerio cumplía con sus compromisos, espero que también cumpla con la Inspección», explica Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (SITSS).

Además, añade, el nuevo acuerdo establece sanciones a la empresa por cada caso individual de incumplimiento, en lugar de generales, lo que aumentará considerablemente la carga de trabajo. «El papel lo aguanta todo, pero en España tenemos un problema de horas extras que, si vamos a una reducción de jornada, obligará a reforzar la inspección, que es quien controla su cumplimiento», concluye Ercoreca.