Movilización contra el cierre de la central nuclear de Almaraz: en juego más de 3.000 empleos y el 60 % de los ingresos de los ayuntamientos de la zona

El cierre de la central nuclear de Almaraz, decretado en el año 2019, está a punto de empezar a ejecutarse. Tendrá un impacto negativo que irá mucho más allá del que se notará en la propia comarca, en el norte de Cáceres. Los alcaldes de la zona han convocado una manifestación para el próximo 18 de enero contra el cierre de la central.

La central es un motor económico que genera aproximadamente 3.000 empleos directos y 1.200 adicionales durante cada recarga de combustible. Asegura estabilidad para familias y comunidades. Su desaparición tendría un efecto devastador en la población local. Aceleraría la despoblación y afectaría a empresas que dependen de su actividad.

Las consecuencias no se limitarán a la comarca. Almaraz genera el 7 % del consumo energético español y evita la emisión de seis millones de toneladas de CO₂ cada año. Mantenerla operativa es clave para el desarrollo económico, la lucha contra el cambio climático y el bienestar de miles de personas en la región. Sin Almaraz, el acceso de la economía española a una energía estable se vería seriamente comprometido. El cierre definitivo de la central está programado para 2027-2028, pero el proceso será irreversible si no se revierte antes del primer trimestre de 2025. Sus defensores consideran que este es el momento crítico para alzar la voz y exigir a las administraciones públicas y empresas que tomen medidas para garantizar su continuidad.

La cuenta atrás ha comenzado

A finales de junio de 2024, Enresa, la empresa pública responsable de la gestión de los residuos radiactivos en España, hizo pública la licitación de los servicios de ingeniería para desmantelar Almaraz. La central genera un 7 % de la energía que se consume en España y da servicio a cuatro millones de hogares.

Este acto pone en marcha un proceso escalonado de cierre de las siete centrales nucleares que operan en España. En 2023 generaron el 20,34 % de la electricidad consumida y evitaron la emisión de aproximadamente 20 millones de toneladas de CO2.

El inicio del proceso y sus consecuencias socioeconómicas ha levantado una ola de protestas en las localidades ubicadas en el área de acción de la central: a orillas del Tajo, en la localidad cacereña que da nombre a la instalación. La próxima se producirá el día 18 ante el ayuntamiento de Almaraz, según la convocatoria realizada por los ayuntamientos de la zona.

Almaraz genera el 7 % del consumo energético de los hogares españoles

La central, cuyo desmantelamiento total se realizará en dos fases en 2027 y 2028, es uno de los principales motores económicos y de empleo en una comarca que no cuenta con una gran industria. Según datos de la propia central, «es uno de los focos de generación de empleo de calidad más importantes de la región. Más de 3.000 personas trabajan diariamente en la central nuclear de Almaraz, lo que la convierte en la segunda entidad por número de empleados de Extremadura. Además, los periodos de recarga suponen un importante estímulo para el empleo de la región y para la economía local. Durante las recargas se efectúa la contratación de otros 1.200 trabajadores de empresas especializadas que se añaden a la plantilla habitual».

La Agrupación de Municipios Afectados por las Centrales Nucleares lleva años informando del impacto del cierre de la central. Provocará el descenso del 36 % de la población activa y una caída del 60 % de los ingresos de los ayuntamientos de los municipios de influencia, además de una reducción drástica de sus presupuestos por los menores impuestos recibidos, despoblación y envejecimiento de la población.

Ante estos mimbres con efecto directo sobre la población, no es tan difícil de entender la extraña coincidencia de fuerzas políticas tan dispares como el PP, Vox y el PSOE de Extremadura en defensa de la central. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola (PP), ha calificado el cierre como «una medida injusta y ofensiva hacia una región que es líder en energía,» y ha prometido luchar por la continuidad de la central. Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres (PSOE), ha pedido a Sánchez que no cierre la central hasta que se dispongan de alternativas económicas viables para la comarca.

Las siete centrales nucleares que operan en España generaron en 2023 el 20,34 % de la electricidad consumida y evitaron la emisión de aproximadamente 20 millones de toneladas de CO2

El movimiento desatado con el inicio del desmantelamiento de Almaraz pone de relieve la necesidad urgente de un plan estratégico que mitigue las consecuencias y fomente el desarrollo económico y social en las regiones afectadas, según los alcaldes de la zona.

Desde 2019, eventos como la pandemia, problemas con las materias primas o la guerra de Ucrania han transformado el panorama energético mundial. Numerosos países han decidido prolongar la vida de sus centrales nucleares y construir nuevas.

El paradójico cierre de las nucleares en España es muy discutido ante la falta de alternativas de producción eficaces a corto plazo. «Las redes eléctricas no pueden todavía dar cabida a una producción renovable que pueda sustituir la nuclear. La falta de preparación de la infraestructura y los procesos burocráticos han dejado en cola centenares de proyectos renovables y han llevado a algunas grandes empresas a replantearse sus planes de desarrollo en el país», indican fuentes del sector eléctrico

«La energía nuclear es hoy por hoy un elemento crucial como fuente de electricidad de baja emisión y una garantía de suministro constante», según el Foro Nuclear. «Su capacidad para generar grandes cantidades de energía de manera continua y una operatividad cercana al 90 % han posicionado a la energía nuclear como un pilar fundamental en la seguridad del suministro eléctrico europeo». «El parque nuclear español proporciona estabilidad y seguridad al sistema eléctrico garantizando el suministro de manera continua y aportando potencia firme y síncrona», según PwC.

El problema puede ser particularmente relevante en Cataluña, una región a la cola del desarrollo en renovables y en la que la energía nuclear representa más de la mitad de su generación eléctrica. El cierre de sus centrales (Vandellós II y Ascó I y II) pondrá en riesgo la seguridad del suministro y encarecerá los precios de una electricidad que tendrá un alto componente exportador.

Los datos de Almaraz se suman al empleo directo, indirecto e inducido que genera todo el sector nuclear español, que según el informe de PwC realizado para Foro Nuclear asciende a 28.500 trabajadores. El sector genera riqueza y empleo con una apuesta clara por la tecnología y la investigación, el desarrollo y el factor humano, capacitada, puntera y con reconocimiento internacional.