La asfixia burocrática en España alcanza niveles «incompatibles» con la creación de empleo y riqueza

Que Europa tiene un grave problema de burocracia no es ninguna novedad. La Comisión Europea, de hecho, ha presentado este miércoles su agenda para simplificar la regulación comunitaria en los próximos meses con el objetivo de eliminar las cargas de las empresas en un 25 %. En nuestro país, sin embargo, la asfixia empresarial sigue aumentando y ya afecta a 1,9 millones de empresas y 9,8 millones de trabajadores.

En su informe Asfixia empresarial, el Instituto Juan de Mariana aborda los costes y consecuencias de la sobrecarga burocrática y regulatoria que sufre nuestro país. «En el entorno regulatorio actual, el empresario se encuentra atrapado en una maraña normativa que, lejos de facilitar su labor, tiende a desnaturalizar su función», señalan los autores.

La sobrerregulación en el mercado único tiene un impacto del 3,5 % en España que, unido a la fragmentación normativa autonómica, supone un coste para las empresas españolas de 90.000 millones de euros. Además, el 36 % de la actividad económica desarrollada en España se da en sectores afectados por una carga regulatoria excesiva, afectando a 1,9 millones de empresas y 9,8 millones de trabajadores; solo en la última década se han conocido al menos 700 recursos contra decisiones regulatorias que restringen la unidad de mercado.

Capítulo aparte merece el Estado de las Autonomías. Si en 1978 se aprobaron cerca de 3.000 normas, el informe destaca que en los últimos años esta cantidad se ha cuadriplicado. En total, en los últimos 45 años se contabilizan 428.904 normas aprobadas por el conjunto de las Administraciones Públicas, con un elevado protagonismo de las comunidades autónomas.

Por regiones, Cataluña es la región que más regulaciones ha aprobado, al ser responsable del 11,9 % de toda la producción normativa autonómica. En cambio, el peso relativo de Madrid es un 50 % más bajo, con una cuota equivalente al 5,9 % de las regulaciones aprobadas de 1978 a 2023.

Regulación ideológica

Luego está el asunto de la regulación ideológica. El ejemplo más claro es el de la automoción, donde en el caso comunitario el regulador ha hecho todo lo posible por atacar al sector, culpándole de las emisiones de carbono, sin valorar los beneficios de una industria fundamental en el continente. «Si a eso le sumamos el agravio comparativo con otros bloques económicos que permiten la producción y comercialización de automóviles bajo niveles de presión burocrática y regulatoria mucho menores, parece claro que el contexto normativo apreciado en Europa es tan absurdo como dañino», añade el estudio.

En el caso español, entre 1996 y 2022 se han aprobado 22.337 regulaciones de igualdad de género, más de un 80 % de las cuales han sido impulsadas por los gobiernos autonómicos. «En base a la evidencia disponible, no se aprecia una correlación entre introducir más carga normativa en este ámbito y obtener mejores resultados en los indicadores de referencia dedicados a la cuestión de la igualdad hombre-mujer, de modo que la clave no es regular más, sino regular menos y regular mejor», explican.

España tiene en vigor alrededor de 10.300 regulaciones laborales que han contribuido a tener el mayor paro de la UE

En materia laboral, además, España tiene en vigor alrededor de 10.300 regulaciones, de modo que el principal coste de empresa –la mano de obra– está también sujeto a cotas de hiperregulación que han contribuido a hacer de España el país con más paro de UE, con tasas que duplican la media comunitaria.

«En resumen, la carga regulatoria que enfrentan los empresarios en España ha alcanzado niveles difícilmente compatibles con la creación de empleo y riqueza, lo que redunda muy negativamente en el bienestar y la prosperidad de nuestro país», explican los autores.