Veinte años de choques con la Hacienda peruana llevaron a la filial de Telefónica a solicitar el concurso de acreedores

Veinte años de enfrentamiento con el fisco peruano culminaron, el pasado viernes, en la solicitud de concurso de acreedores para la histórica filial de Telefónica en el país iberoamericano. Una fórmula con la cual la empresa, dependiente de Telefónica Hispam, busca abordar su reestructuración financiera sin dejar de prestar servicio a sus 13 millones de clientes.

La compañía solicitó acogerse al sistema concursal ordinario que prevé la normativa peruana tras provisionar en sus estados financieros de 2024, publicados hace apenas unos días, unas contingencias por litigios fiscales de 2.473,15 millones de soles (636 millones de euros), casi la misma cifra que el total de sus activos corrientes a cierre del ejercicio. En el mismo se anticipa que la gerencia considera que su pérdida «es probable». Un agujero que se sumaría a los más de 500 millones de euros que ya ha pagado en ejercicios anteriores.

«Existe una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la compañía para continuar como empresa en marcha. Nuestra opinión no se modifica en relación con este asunto», advierte al respecto el informe de la auditora PwC. El documento, consultado por El Debate, muestra cómo las pérdidas netas de la compañía se multiplicaron por 5,5 el año pasado, pasando de 613 a 3.391 millones de soles, 854 millones de euros.

En un comunicado remitido a la CNMV, Telefónica detalla que la situación financiera de la compañía se ha visto «muy negativamente afectada» precisamente por dichas contingencias fiscales, «así como por decisiones administrativas que han colocado a la compañía en una posición de desventaja competitiva en un mercado particularmente desafiante».

Telefónica, de hecho, mantiene abierto un arbitraje ante el Centro Internacional para el Arreglo de Disputas sobre Inversión (CIADI), al considerar que la actuación de la Hacienda peruana es contraria al Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre España y Perú. La compañía considera que su actuación es «arbitraria y carente de todo sustento», y subraya de hecho el daño que le están suponiendo los prolongados plazos de la reclamación, que ya superan las dos décadas. Según calcula, el 80 % de la deuda «está compuesto de intereses y multas».

El contencioso se remonta a los ejercicios de 1998, 2000 y 2001. Sunat, el fisco peruano, objetó años después que Telefónica se había deducido unos gastos que no procedían, lo que llevó a la compañía a aceptar y pagar una parte. Sin embargo, considera que no procede hacer frente a otra parte de la reclamación, relacionada principalmente con los intereses financieros generados. El Tribunal Constitucional del país validó esta postura, pero finalmente el Poder Judicial del país respaldó parcialmente la reclamación inicial de la Hacienda peruana.

Las autoridades peruanas deberán resolver sobre la petición de concurso en un plazo máximo de 90 días. De ser admitida la solicitud, se emitiría una resolución sobre su inicio en el Boletín Concursal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). A partir de esa publicación, los acreedores podrán presentarse para ser acreditados por la Comisión de Procedimientos Concursales y participar en la Junta de Acreedores, que será la que decida si aprueba o no la reestructuración solicitada.

Mantenimiento del servicio

Pese a esta situación, la compañía prevé continuar prestando servicio a sus 13 millones de clientes. Para ello, Telefónica Hispam le ha inyectado un crédito de 394 millones de euros con vencimiento a 18 meses, únicamente con el objetivo de satisfacer las necesidades de pagos más inmediatas. En 2024, Hispam ya realizó dos préstamos, por valor de 2.070 millones de soles, unos 518 millones de euros.

«Tenemos un plan y nuestra idea, desde luego, es reestructurar la compañía y aislar toda esa deuda financiera para ir pagándola», aseguró la presidenta de Telefónica Perú, Elena Maestre, a El Comercio de Perú. «El proceso se trata básicamente de cómo conseguimos aislar unas deudas financieras a las que no éramos capaces de hacer frente y continuar prestando el servicio. Los 13 millones de clientes no van a sentir ningún impacto de toda esta reestructuración. Nuestro objetivo es que no haya ninguna interrupción en el servicio», subrayó.

Además, la compañía reconoce «conversaciones con potenciales inversionistas», tras una información sobre la posible venta de la filial publicada por Vozpópuli. Estas «no han tenido mayor desarrollo ni relevancia en relación con la transferencia de sus acciones representativas del capital social de Telefónica del Perú», trasladó la compañía a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el mes pasado.