El letrado que se opuso a la amnistía pide su baja en protesta por dos nuevos atropellos a la Constitución

El letrado del Congreso Manuel Fernández-Fontecha ha pedido su baja de la Comisión Constitucional porque considera que los socialistas están tramitando dos leyes abiertamente inconstitucionales: la reforma de la ley orgánica que regula el derecho de asociación y la que delegará las competencias en materia de inmigración y extranjería a Cataluña; ambas registradas como proposiciones de ley del PSOE y no como proyectos de ley del Gobierno.

«No se me puede exigir que asuma tal responsabilidad, ni siquiera como convidado de piedra», sostiene Fernández-Fontecha en una carta que remitió este martes al secretario general del Congreso y letrado mayor, Fernando Galindo, a quien ya se enfrentó por la ley de amnistía.

Fernández-Fontecha es, formalmente, letrado adscrito a la Comisión Constitucional, junto con Carlos Gutiérrez Vicén y José Luis Peñaranda. Sin embargo, en la práctica Galindo lo apartó de dicha Comisión en diciembre de 2023, en plena tramitación de la amnistía. Desde entonces, sus compañeros no le han tenido en cuenta para ninguna decisión, según denuncia.

El detonante de su petición formal ha sido un informe que, hace dos semanas, el letrado Gutiérrez Vicén elevó a Galindo a propósito de la proposición de ley para reformar el derecho de asociación, que lleva por objetivo extinguir la Fundación Franco. Informe que, según Fernández-Fontecha, no se le consultó y con el que no está de acuerdo, «ni como letrado de las Cortes Generales ni como constitucionalista, por entender que es manifiestamente inconstitucional». Y la describe como una «ley singular autoaplicativa, técnicamente inaceptable y contraria al contenido esencial de los artículos 16, 22 y 24 de la Constitución». La Comisión Constitucional aprobó el dictamen de esta ley la semana pasada, y llegará al Pleno la próxima.

La portavoz de Vox en la Comisión Constitucional, Lourdes Méndez, denunció: «Es un nuevo ataque al Estado Derecho, y una de las finalidades que tiene es la eliminación del adversario político». «Esta modificación tiene muchos defectos de forma y defectos de fondo, que hacen imposible su aprobación», añadió, sobre la reforma de la ley que regula el derecho de asociación.

En su propio análisis de la iniciativa legislativa, Fernández-Fontecha pone el acento en la disposición adicional quinta de la reforma del PSOE, referida a las causas de disolución de asociaciones. Ésta estipula: «Con independencia de los fines y actividades sociales recogidos en los estatutos, y de su inscripción registral, será causa de disolución de las asociaciones, mediante resolución judicial, la realización de actividades que constituyan apología del franquismo, bien ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior o bien enalteciendo a sus dirigentes, cuando concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado de 1936, de la guerra de España o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales».

El letrado advierte de que esta disposición adicional añade «una nueva causa, que de entrada sustituye una responsabilidad subjetiva por los fines o los medios, por una responsabilidad objetiva de la propia asociación por referencia a regímenes políticos pasados que, lógicamente, se podría aplicar a cualquier régimen, del signo que sea, a elección de las Cortes en cada momento, o, lo que es más grave, a cualquier adversario político del momento, entrando en una espiral de revisionismo ajena a las funciones de las Cortes Generales, que ni son un Tribunal ni son la Academia de la Historia. Y todo ello sin criterio alguno de definición de la imputación de esa conducta de supuesta apología, pues no sabemos quién debe ensalzar o enaltecer para comprometer a la propia asociación, un problema técnico en el que la proposición de ley orgánica incide en una clara inconstitucionalidad», asegura.

Además, el letrado se adelanta a la inminente entrada en la Comisión Constitucional de la proposición de ley registrada por el PSOE y Junts para delegar las competencias migratorias a Cataluña, «que considero quebranta absolutamente el sistema de competencias de los artículos 148 y 149 de la Constitución».