Fedea concluye que ceder los impuestos a Cataluña es «poco recomendable» y «jurídicamente cuestionable»

Ceder los impuestos a Cataluña es «jurídicamente cuestionable» y «una opción poco recomendable desde el punto de vista de la eficiencia económica, la eficiencia y la equidad interterritorial». Es la principal conclusión de un análisis del gabinete de estudios Fedea sobre la cesión pactada entre el PSC y ERC en agosto de 2024 a cambio de investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Dicho acuerdo contempla que sea la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) la que acabe realizando íntegramente en los próximos años la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los tributos exigidos en Cataluña, independientemente de su titularidad. Un encargo que dejaría a la Agencia Tributaria estatal vacía de competencias en Cataluña.

Fedea constata que el acuerdo establece básicamente un sistema de concierto económico similar al que rige en País Vasco y Navarra. «Aunque el acuerdo no menciona explícitamente el término «concierto», la propuesta de un modelo fiscal singular para Cataluña sugiere la creación de un régimen con características similares al concierto», asegura.

El organismo que dirige Ángel de la Fuente pone de manifiesto que el acuerdo entre socialistas y republicanos fija un cupo o aportación por el pago de aquellos servicios no transferidos a la comunidad, además de una aportación a la solidaridad interterritorial «fijada mediante un acuerdo bilateral con el Estado», como ocurre actualmente con las comunidades forales.

Los términos del acuerdo, subraya el análisis de Fedea, «se enfrentan a la limitación constitucional que delimita esta cobertura a País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra», alerta el documento, elaborado por Jorge Onrubia, doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid.

Además, «este modelo fragmentaría la administración tributaria en España, dificultando la coordinación interadministrativa, incrementando los costes operativos y comprometiendo la capacidad del Estado para garantizar un cumplimiento fiscal homogéneo en todo el territorio». En última instancia, pondría en riesgo la prestación de servicios por parte del Estado, al dejar en el aire que éste pueda mantener una financiación suficiente.

La alternativa que proponen desde la institución pasa por crear una Administración Tributaria Integrada, que de voz a 15 administraciones tributarias que nacerían en cada una de las comunidades de régimen común. «El consorcio interadministrativo sería la figura más adecuada para configurar esta integración», concluye Fedea.