El que sobra es Sánchez, no Airbnb

Con permiso de los aranceles —y de los perjuicios que puede acarrearnos el viaje de Pedro Sánchez a China—, el principal problema de España en materia económica sigue focalizado en la vivienda. O para ser más precisos, en la obsesión del Gobierno por intervenir el mercado, provocando que la oferta se contraiga cuando lo que se necesita es justo lo contrario. Lo último ha sido reformar la Ley de Propiedad Horizontal para que a aquellos caseros que quieran convertir su piso en un alojamiento turístico, se les quiten las ganas. Aunque desde 2019 las comunidades de vecinos ya tenían potestad para limitar esta actividad e incluso prohibirla, ahora los interesados deberán contar con el voto favorable de las tres quintas partes de los propietarios del edificio. Los conflictos vecinales están servidos. Y también la constatación de la inutilidad de la medida.

En el Ministerio de Isabel Rodríguez aseguran que con la limitación de los pisos turísticos, la oferta irá a parar al alquiler de larga duración y los precios bajarán. Imposible estar más confundidos. Para empezar, porque el 80 % de las viviendas destinadas a ese uso son segundas residencias de particulares que las necesitan durante sus vacaciones. Para seguir, porque muchos caseros también se decantan por esta modalidad para protegerse de la impunidad okupa. Y para terminar, porque nada hace pensar que la demanda de este tipo de alojamientos vaya a caer. Al revés; el negocio va viento en popa y esta Semana Santa las plataformas vienen adelantando una ocupación media del 91 % entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Son cuatro puntos más que el año pasado.

En cada protesta por el derecho a la vivienda, los pisos turísticos son señalados como los principales culpables de los precios desorbitados. Sin embargo, llegan las vacaciones y muchos de los manifestantes acuden hipócritamente a ellos para disfrutar de unos días de descanso. Porque suelen salir más baratos que los hoteles y porque resultan más cómodos cuando se viaja en familia.

En España hay unos 400.000 alojamientos turísticos, aunque bien es cierto que no todos tienen licencia. Persígase el fraude y oblíguese a cumplir la normativa, pero dejen de utilizar esta modalidad de alquiler como chivo expiatorio de un problema socioeconómico de primer orden que el Gobierno no tiene ni idea de cómo enfrentar. «Sobran Airbnb y faltan viviendas», dijo Pedro Sánchez en enero cuando presentó el último paquete de medidas, cuyos beneficios ni están ni se esperan. Porque el primer trimestre de 2025 ha acabado con los pisos un 7,5 % más caros que el año pasado, según Tinsa. Y cuesta creerse el cuento de los pisos turísticos, ya que Barcelona congeló hace 10 años la concesión de nuevas licencias y el precio de los alquileres ha subido allí 7 puntos por encima de la media nacional.

No solo en la Ciudad Condal sino en toda Cataluña se puede hablar de colapso del mercado. En los últimos 6 años han desaparecido el 58 % de los pisos en alquiler, sobre todo desde la aprobación de la Ley de vivienda y la entrada en vigor de las famosas zonas tensionadas. La presión es tal que, según el último Barómetro del Alquiler del Observatorio promovido por Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, en Barcelona aparecen 341 interesados por cada inmueble durante los primeros diez días de su anuncio, mientras que la media del país se sitúa en 122. Lo normal sería que ese indicador se situara alrededor de los 15 candidatos, así que vamos por mal camino. Incluso quienes defienden la limitación de precios, saben que la solución no pasa por ahí sino por incrementar la oferta y aparcar la ideología ante un desafío de tanta envergadura.

Conviene tener en cuenta además, que los pisos turísticos son una fuente de ingresos importante para muchos pueblos y ciudades donde no hay hoteles porque no resultarían rentables. Estamos ante una actividad, calcula el sector, que genera más de 20.300 millones de euros cada año si sumamos al alquiler propiamente dicho, los gastos en restauración, excursiones, compras, etcétera. Y luego está la evidencia de que la vivienda de uso turístico no deja de ser vivienda. Un buen día su propietario decidirá venderla o alquilarla por un tiempo largo, mientras que si se cambia el uso del suelo y se construye un hotel, ese bloque nunca volverá a ser vivienda que se pueda poner en el mercado.

Los pisos turísticos apenas representan el 1,5 % del parque total y además, solo el 0,5 % se utiliza de manera continuada. Así que estamos ante otro debate viciado de origen, que distrae del verdadero problema, que es el contraste entre la creación de nuevos hogares y las casas que se construyen cada año. La gravedad de la situación exige garantías jurídicas que animen a los caseros a poner sus inmuebles en circulación para aliviar la presión de la oferta y la demanda. Porque si no hay más alquileres de larga duración es porque el sanchismo ha promovido unas leyes que permiten que tardes dos años en recuperar tu casa si el inquilino te deja de pagar. Y eso con suerte. Que no nos cuenten milongas.

• Susana Burgos es periodista especializada en economía y empresas y formadora de portavoces.