Un futuro probable para la educación española

Hace aproximadamente un mes se hicieron públicos los resultados del informe PISA en la edición de 2022. En su nota de país, la OCDE anunciaba para España no solo una caída pronunciada y sostenida en el tiempo de las puntuaciones correspondientes a las tres áreas principales objeto de evaluación –Matemáticas, Lectura y Ciencias–, sino que además subrayaba aumentos significativos en un decenio de la proporción de alumnos en niveles de rendimiento bajos, así como proporciones superiores a la media de la OCDE en niveles bajos, e inferiores a la media en rendimientos altos.

La prensa nacional, en general, ha captado la importancia de tales advertencias y ha dedicado amplios espacios a una información detallada sobre nuestra situación, reflejando así una preocupación social por los resultados de la educación española. A dicha preocupación aludió el propio Rey Felipe VI en su mensaje de Navidad refiriéndose, por primera vez, a la «calidad de la Educación». Alguien podría escudarse, para buscar disculpas, en el hecho de que el monarca también citara la Sanidad; pero el matiz sutil estriba en que no se refirió a su calidad. Probablemente, de forma elíptica, se refiriera a su gestión. Y es que, desde hace más de una década, la calidad de la Sanidad española aparece en las primeras posiciones en las correspondientes evaluaciones internacionales, lo cual se contrapone con lo que sucede en Educación.

A la hora de razonar sobre las posibles causas de este retroceso es preciso apelar, junto con el impacto parcial y reciente de la COVID-19, a lo que según las evidencias disponibles se consideran factores críticos para la mejora de los sistemas educativos: el profesorado, la dirección escolar y el currículo.

Tomando como período de observación lo que va de siglo, hay que señalar que la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (2002) del gobierno popular de Aznar, que pretendió operar con medidas atinadas sobre cada uno de esos tres factores, fue paralizada en su aplicación por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, mediante una astucia legal.

La socialista Ley Orgánica de Educación (2006) supuso una recuperación, en múltiples aspectos, de leyes socialistas anteriores. Dio cabida tímidamente al enfoque del currículo por competencias, pero no modernizó la gestión del talento docente y eliminó los avances en la profesionalización de la dirección escolar introducidos en la LOCE. La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (2013) del gobierno popular de Rajoy enmendó la plana a la ley anterior, pero en vez de mejorar la buena ley popular precedente optó, con apreciables deficiencias, por preservar la estructura de la LOE, recurriendo a una técnica de incrustación de los textos nuevos en la ley antigua. De este modo, pervivió formalmente la LOE socialista, aunque con una redacción renovada en algunos de sus artículos. Se introdujo el enfoque del currículo por competencias con la fe del carbonero,

al optar por una reforma de máximos: todas las competencias del marco europeo, en todas las asignaturas, en todos los niveles y, en lo esencial, al mismo tiempo. Todo ello sin una preparación previa del profesorado.

La llegada de Sánchez al poder llevo consigo la elaboración de la Ley Orgánica por la que se modifica la LOMCE (2020), lo que supuso una nueva incrustación sobre la incrustación de textos de la ley anterior, a fin de eliminar los propios de la LOMCE y recuperar, en diferentes aspectos, la LOE de 2006. Tampoco en este caso se emprendió reforma alguna centrada en el profesorado y orientada a una buena gestión del talento docente. En cuanto a la dirección escolar, se produjo un cierto movimiento pendular de vuelta a la LOE; y en lo concerniente al currículo, se cometieron los errores de la LOMCE acrecentados por una gran carga ideológica –reconocida por personalidades y organizaciones ilustradas de la sociedad civil–, con una rebaja sustantiva en los requisitos de promoción y de graduación en la educación secundaria.

Este somero recorrido histórico –que se resume en una notoria falta de estabilidad y de acierto en las prioridades– sirve para predecir un futuro probable para la educación española en la próxima década. Del actual Partido Socialista no cabe esperar ninguna corrección de sus errores en materia de currículo, ni un impulso de las reformas adecuadas centradas en el profesorado y la dirección escolar. Junto a su adhesión firme a postulados ideológicos que dan la espalda a una racionalidad clásica, su evidente servidumbre ante sus socios, contrarios al establecimiento de políticas básicas de competencia estatal, hacen que sea altamente improbable que un gobierno socialista opere con acierto sobre ese conjunto de políticas que son críticas para la mejora de la calidad del sistema educativo español.

Por razones diferentes a las anteriores, la historia reciente de la educación española tampoco permite predecir, con garantías, un amplio acierto del Partido Popular que, excepción hecha de sus primeros gobiernos, no ha considerado la Educación como ese factor estratégico para el progreso personal, económico y social que cualquier país moderno ha de privilegiar.

Queda, no obstante, la esperanza de que ese orden espontáneo, generado por las múltiples iniciativas de la sociedad civil y de sus organizaciones educativas, se alinee con los desafíos del futuro y, sumando componentes, contribuya a un vector resultante de progreso. Y esperar que las Comunidades Autónomas, en su amplio ámbito competencial, no reproduzcan los errores de concepción e implementación de los gobiernos centrales.

Sobre la base de análisis empíricos, el sociólogo francés Robert Baillon concluía: «El mejor ministro de Educación es el padre, por lo general la madre». Lástima que no todos los alumnos españoles puedan disponer en su casa de un «ministro» o de una «ministra» de Educación. De ahí la necesidad de asegurar políticas educativas eficaces y una gobernanza de calidad con equidad en todo el territorio nacional.

• Francisco López Rupérez es director de la Cátedra de Políticas Educativas de la UCJC y expresidente del Consejo Escolar del Estado