El Gobierno tipificará nuevos delitos para proteger digitalmente a los menores

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley para la protección de los menores en el entorno digital, que no afrontará su examen parlamentario hasta después del verano y tiene por objeto «garantizar el bienestar, la salud y la seguridad» de los adolescentes, así como «tranquilizar» a las familias.

La ley, a cuyo desarrollo se comprometió el pasado enero el presidente Pedro Sánchez, tiene su razón de ser en el creciente acceso de los menores a los móviles y a internet: el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien se ha encargado de explicar las principales claves de la ley, ha recordado que el 95 % de los menores tiene acceso a internet y la «práctica totalidad de los adolescentes», un 98,5 %, interactúa en redes sociales. La edad media a la que los españoles tienen su primer móvil hoy en día es de 11 años.

Con este panorama, y pese a los innegables beneficios que conlleva el uso de internet en cuanto a adquisición de información y conocimientos, el Gobierno considera un deber minimizar o «poner coto» a los riesgos que también implica para los menores, incluyendo el acceso a contenidos inapropiados, el ciberacoso y la adicción a las pantallas.

Para ello, el Ejecutivo ha formado un comité de 50 expertos que trabaja en una Estrategia Nacional de protección de menores que se presentará a la vuelta del verano, pero que ya ha trasladado una serie de líneas de actuación a las que el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes.

Medidas

Las medidas se dividen en tres bloques.

El primero tiene que ver con «las obligaciones del sector público en materia de prevención». Incluye la «obligación de las administraciones de hacer campañas sobre los riesgos asociados a los menores en el ámbito digital», el impulso de «espacios de encuentro donde los menores puedan desarrollar actividades lúdicas y de ocio saludable» y una estrategia nacional que se revisará y actualizará cada tres años en función de los riesgos que se detecten sobre una «utilización segura de los dispositivos».

El segundo bloque versa sobre la adaptación del marco legal vigente «para sancionar conductas inapropiadas que ya se están produciendo». Así, se prevé tipificar delitos cada vez más frecuentes, como los deepfakes o la 'ultrafalsificación' mediante inteligencia artificial y sin el consentimiento del afectado, para realizar imitaciones de contenido sexual o vejatorias; el grooming, que se refiere al engaño a menores a través de internet para la comisión de delitos contra ellos; y la difusión de material pornográfico a este grupo poblacional. También se incluye la creación de la figura del alejamiento online, con el fin de que el agresor no pueda contar con su víctima a través de entornos digitales.

Asimismo, el proyecto de ley ha establecido un foro de cooperación con empresas nacionales y extranjeras para reforzar los sistemas que garanticen la protección de los adolescentes. Por ejemplo, mediante sistemas de control parental y etiquetado informativo sobre los riesgos del uso de determinados servicios, la habilitación de enlaces directos a canales de denuncias para facilitar la investigación de las autoridades o la implementación de un servicio de verificación de edad «efectivo, eficaz y obligatorio». En el ámbito de las redes sociales, se eleva de 14 a 16 años la edad mínima para registrarse, y también se prohíbe el acceso de los menores a las llamados cajas botín o lootboxes en videojuegos, que generan alta adicción.

La ley pondrá el acento en la formación educativa y sanitaria para el tratamiento de patologías relacionadas con la adicción o el uso de internet, y prevé también una estrategia de alfabetización mediática para la identificación de «bulos».