Imagen de Bubal, en Huesca
El Gobierno pretende que los jóvenes estudien en pueblos rurales abandonados mientras castiga al campo
A través de esta iniciativa, el Ejecutivo quiere que los alumnos de centros públicos estudien y participen en actividades con el fin de «proporcionar a los estudiantes la posibilidad de comprender la necesidad de un cambio»
El pasado 9 de enero el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para participar en el programa nacional Recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados durante el periodo lectivo de 2025.
A través de esta resolución se convocan las ayudas para un máximo de 80 grupos de centros docentes españoles compuestos de 20 a 25 alumnos y 2 profesores, para la participación en el programa nacional 'Recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados' en Granadilla (Cáceres), Umbralejo (Guadalajara) y Búbal (Huesca).
Imagen panorámica del pueblo abandonado de Búbal, en Huesca
De este programa, vigente desde el año 1985, puede beneficiarse el alumnado de centros docentes españoles sostenidos con fondos públicos, que curse 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica, Bachillerato, Ciclos formativos de Grado Medio de Formación Profesional y Ciclos formativos de Grado Medio de Enseñanzas Artísticas.
A través de esta iniciativa el Gobierno pretende que los alumnos de centros públicos estudien y participen en actividades en estos pueblos abandonados de la España rural con el fin de «proporcionar a los estudiantes la posibilidad de comprender la necesidad de un cambio que garantice el equilibrio entre las personas y su entorno, a través de actividades desarrolladas en enclaves rurales tradicionales».
En concreto, además de variar los contenidos curriculares adquiridos en los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus centros, los estudiantes que acceden a este programa trabajan en diferentes áreas: educación ambiental para la sostenibilidad, salud, tolerancia y convivencia y recuperación del medio cultural y físico.
Protección al lobo
Esta medida gubernamental de apoyo a lo rural contrasta drásticamente con las numerosas medidas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha ejecutado y que castigan al campo. Una de las polémicas más candentes hoy en día es la relativa a la protección del lobo.
En España, desde el año 2021 el lobo se encuentra legalmente protegido en todo el territorio tras la inclusión de todas sus poblaciones en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, que incluye especies, subespecies y poblaciones merecedoras de una atención y protección particular, así como aquellas que figuren como protegidas en Directivas y convenios internacionales ratificados por España.
Esta sobreprotección de la especie ha causado 8.000 ataques a ganado extensivo en estos años, a pesar de haberse invertido cuatro millones de euros en medidas preventivas. Esta situación ha sido duramente criticada por la Junta de Castilla y León, comunidad autónoma que alberga el 60 % de los lobos de nuestro país.
El pasado 19 de diciembre el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció en el Senado que las comunidades autónomas que concentran el 96 % de los lobos en España iniciarán en las próximas semanas el procedimiento para pedir que se descatalogue el lobo como Especie Silvestre en Régimen de Protección Especial.
Tal y como defendió en la Cámara Alta el Grupo Parlamentario Popular, la protección del lobo «es una decisión ideológica, que se tomó sin tener en cuenta la realidad del campo, que vulnera la competencia de las comunidades y que no tiene respaldo científico».
Castigo a la agricultura
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció a bombo y platillo durante el Congreso Federal del PSOE el cierre de facto del trasvase Tajo-Segura, pactado con el Gobierno de Sánchez, limitando únicamente el abastecimiento de agua por este medio en época de sequías y «para el consumo humano», según explicó posteriormente en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez.
Este anuncio hizo saltar las alertas en el campo levantino, que, conocido como la 'despensa de Europa', necesita del agua de este trasvase para subsistir. José Vicente Andreu, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Alicante denunció en conversación con El Debate esta nueva propuesta.
La consecuencia de todo esto es la muerte del campo alicantino. Nosotros somos absolutamente dependientes del trasvase Tajo-Segura. Nuestra economía, nuestra estructura productiva, depende del trasvase Tajo-Segura. Usamos todos los recursos que tenemos a nuestra disposición y los usamos de una forma eficiente. Esto es un disparate político» aseguró ante los micrófonos de este medio.
