El Supremo notifica al Congreso la condena por la que Alberto Rodríguez pierde el escaño

El Tribunal Supremo, a través de su presidente, Carlos Lesmes, ha remitido a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, y a la Junta Electoral Central la sentencia de la Sala Segunda de lo Penal del Alto Tribunal, del pasado 6 de octubre, que condenó al diputado de Podemos  Alberto Rodríguez como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad, para que se proceda a aplicar la resolución. El traslado de dicha resolución, que con efecto inmediato supondrá para Rodríguez la pérdida de su acta de diputado, se ha producido a instancias del presidente de la Sala, el magistrado Manuel Marchena.

Rodríguez fue condenado la semana pasada por el Supremo a una pena de prisión de un mes y medio e inhabilitación para ser elegido cargo público durante ese mismo tiempo, aunque la pena privativa de libertad fue conmutada por el Alto Tribunal a cambio de una multa de 540 euros, por un delito de atentado a agente de la autoridad por dar una patada a un policía en una protesta celebrada en Canarias, contra la Ley Wert, en 2014. 

Nada más conocerse el fallo, el todavía diputado de Podemos anunció que recurrirá la decisión que le apartará de su condición de diputado, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), para «descrédito de la justicia española». No en vano, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de tuiter, tras hacerse pública la sentencia, Rodríguez indicó que la condena se había dictado «sin ninguna prueba objetiva», en referencia a cómo la declaración del policía fue determinante, y se apoyó, también, en el hecho de que hubiese dictado dictado «con dos votos particulares demoledores en contra».

Fuentes de Podemos han señalado que el diputado de la formación morada ya ha enviado un escrito a la Mesa del Congreso de los Diputados informando de que este miércoles procedió al pago de la multa de 540 euros que establecía como condena la sentencia del Alto Tribunal. En concreto, la pena de un mes y quince días de prisión le fue sustituida por una multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros. 

Por ello, ha instado a la Cámara que no se le retire la condición de diputado que, como pena accesoria impuso el Supremo, porque, a su juicio, con el pago de la cantidad, ya «ha cumplido la condena impuesta».