Verdades de nuestra historia que no se podrán enunciar con la nueva Ley de Memoria

La controvertida Ley de Memoria dice venir a consolidar el logro histórico de la democracia en España; aunque se dice heredera del liberalismo decimonónico, elimina de aquella tradición las constituciones de 1837, 1845 y de 1877, por contar con el consenso de los liberales conservadores, lo que ya ayuda a excluir de la tradición democrática de aquellos que procedan del ámbito conservador o católico social. 

A continuación, niega en su texto el papel de la transición del régimen autoritario a la democracia, al reconocer únicamente los principios democráticos a quienes formaron parte de la oposición, en gran parte militantes del PCE y sus escisiones, vinculados al duro comunismo totalitario, y no a la oposición pequeña, pero de signo liberal, que se formó en el interior del propio régimen.

En ese marco de falsedad histórica, a la sociedad española le queda oculta por la sombra de la nueva censura represiva que promueve la ley de forma inmisericordie, con el lenguaje totalitario de sus congéneres fenecidos del este europeo, abundantes hechos históricos que ayudarían a una comprensión real y equitativa del pasado, especialmente sobre la II República, la Guerra Civil, el Franquismo y la Transición.

Hechos históricos sepultados

La aplicación de la Ley de Memoria sepultaría bajo el peso de la represión, la investigación sobre la realidad de la II República, que no fue un periodo idílico de democracia, sino que instauró una constitución militante en su laicismo, favorecida por la quema de iglesias, sin consecuencias; la expulsión de los jesuitas y la exclusión de las órdenes religiosas de la educación, cerrando sus colegios. La propia radicalidad revolucionaria de los socialistas materializada en la frustrada revolución de 1934, que se manifestó con su cruda realidad en Asturias con casi un par de millares de muertos, y la formación de un ejército revolucionario de tres decenas de miles de defensores de una dictadura del proletariado. La aplicación de la ley de defensa de la república, que censuró y cerró en numerosas ocasiones a los medios de prensa ligados a la derecha, siendo uno de ellos, La Nación, quemado el 13 de marzo de 1936. El 15 de abril del mismo año, el diputado monárquico, posteriormente asesinado en julio, antes de la guerra, José Calvo Sotelo, aludía a los 74 muertos, 345 heridos y 106 edificios religiosos incendiados desde la victoria electoral del Frente Popular. Una elección controvertida por sus irregularidades, como bien fue demostrada recientemente por un estudio de Roberto Villa y Manuel Álvarez Tardío, «1936. Fraude y violencia en la victoria del Frente Popular», que con esta ley no hubiese podido ser investigado.

Matanzas y checas 

En el campo de la Guerra Civil, que por sus naturales características provoca represiones en ambas retaguardias, sólo pueden ser estudiadas las víctimas de los nacionales, excluyendo de su conocimiento las matanzas sistemáticas llevadas a cabo por las checas de los partidos del Frente Popular y del PNV, los asesinatos masivos de Paracuellos, en los navíos prisión, en la mina de Camuñas (Toledo), en los trenes procedentes de Jaén o en los desfiladeros del Pirineo leridano. 

Sus víctimas principales fueron religiosos, militares, miembros de partidos derechistas, propietarios agrícolas y acólitos de asociaciones piadosas de la Iglesia. Del mismo modo, tampoco pueden estudiarse a los voluntarios internacionales que ayudaron a los nacionales, donde no sólo estuvieron presentes alemanes e italianos, sino irlandeses, portugueses, franceses y rusos blancos. No obstante, tampoco se puede investigar la incitación al odio contra el «moro», en la propaganda de los frentepopulistas, por su vinculación a las unidades de regulares y de la Mehal-la Jalifiana. Tampoco sería posible estudiar la represión republicana contra los combatientes no comunistas, como anarquistas o troskistas, depurados en la retaguardia, como fue testigo George Orwell. Cómo la desarrollada por el diputado comunista francés, Andre Marty, en Albacete, en cuyo informe al comité central de su partido, afirmaba haber eliminado a cinco centenares de brigadistas por desviacionismo ideológico.

Acciones criminales

Tampoco sería posible la publicación de traducciones de los investigadores europeos que en la actualidad se encuentran trabajando sobre las acciones represivas y criminales que los veteranos de las Brigadas Internacionales realizaron en las futuras repúblicas comunistas de sus países de origen. Un ejemplo lo muestran los veteranos alemanes, Wilhelm Zaisser, veterano de la XIII Brigada Internacional. En 1950 formó parte del Politburó y el Comité Central del Partido Comunista, siendo elegido ministro para la Seguridad del Estado (la Ministerium für Staatssicherheit), conocida como Stasi. Su adjunto será el general Erich Mielke, quien en 1957 tomó el mando de la Stasi hasta 1989, siendo el verdadero responsable de la creación del sistema más opresivo del bloque soviético.

En cuanto al largo periodo del franquismo, otro tema prohibido por la Ley de Memoria será el estudio del maquis, las agrupaciones guerrilleras comunistas o anarquistas, que surgieron en la postguerra. El mejor historiador del fenómeno maquis, Francisco Aguado Sánchez, autor del clásico El Maquis en España, nos dice, cómo de 1944 a 1952 el maquis asesinó a 953 personas y cometió 845 secuestros, sabotajes y 5.963 atracos. Tampoco la labor de los diplomáticos españoles en el salvamento de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, por su representación de la España de aquel entonces; por supuesto tampoco los hechos militares desarrollados por la «división azul», unidad de voluntarios que participó contra el comunismo, mientras no sucede lo contrario, con los españoles que formaron parte del ejército soviético.

A su vez se consideraría apología del régimen todos los logros de crecimiento económico conseguidos en las décadas de los sesenta y parte de los setenta, como expuse en «La España del desarrollo». También el reconocimiento internacional que llevará al nacimiento de un espíritu europeísta que reforzará la cercanía con la Europa libre del momento, ayudando a la clase media surgida del fuerte desarrollo económico a reivindicar una evolución de las instituciones autoritarias unas formas acordes con las presentes en el resto de los países europeos. 

Se niega el estudio y la participación a los protagonistas de la transición a la democracia, creando la ilegitimidad de origen de la democracia y de la monarquía, por lo que el objetivo final de la Ley de Memoria es la instauración de un nuevo régimen que sustituya al nacido en 1978, sobre los mimbres ideológicos de los extremistas partidos que compusieron el Frente Popular. En definitiva, la Ley de Memoria pretende traer una democracia popular, como las extinguidas en 1989 en el Este de Europa.