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El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, conversa con el conseller de Economía, Jaume Giró

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, conversa con el conseller de Economía, Jaume GiróEFE

Cataluña

«Una nueva etapa para la política lingüística»: la Generalitat amplía los frentes para imponer el catalán

El gobierno catalán quiere extender la inmersión a las universidades, a la justicia, y conseguir más cuota en el audiovisual o las redes sociales

Vivir en catalán las 24 horas del día. Ese parece ser el nuevo mantra del independentismo. Así lo ha asegurado algunos de sus dirigentes, como la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Míriam Nogueras, o el secretario de difusión del gobierno catalán, Jofre Llombart. Y la Generalitat también se ha puesto manos a la obra en diferentes niveles para hacer frente a lo que llaman la «emergencia lingüística», o lo que es lo mismo, un supuesto retroceso del catalán.

Y para sostener la idea de este retroceso, se basan en informes de la Plataforma per la Llengua, entidad fuertemente subvencionada por la Generalitat. Según el último de estos informes, el catalán habría perdido 500.000 hablantes, y solo el 32,4 % de la población de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, el sur de Francia y Andorra es hablante habitual del catalán. La entidad señala que en el área metropolitana de Barcelona «la situación es aún peor». Un poco más de la mitad no usan o lo hacen muy poco y en algunas ciudades como Hospitalet el porcentaje sube al 71%. Teniendo en cuenta estos datos, el gobierno catalán ha lanzado una ofensiva en diferentes ámbitos para «salvar al catalán» y se asegura que la Generalitat empieza una nueva etapa en política lingüística.

Educación

En Cataluña está vigente el sistema de inmersión lingüística, por el que se fija que la lengua vehicular en la enseñanza sea el catalán. Aun así, hay ya varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que anula los proyectos lingüísticos de siete centros educativos porque sólo contemplan el catalán como vehicular. Pues bien, en estas sentencias se dice que al menos un 25 % de las clases tienen que ser en castellano o en catalán. De entrada, el consejero de Educación, Josep González Cambray ha dejado claro que no tiene intención de cumplir estas sentencias e incluso ha hecho un llamamiento a «rebelarse» ante lo que considera una injerencia intolerable por parte de la justicia.

Y también recientemente la Generalitat ha presentado un plan para potenciar el uso del catalán en las escuelas, que básicamente consiste en controlar cuál es el idioma que utilizan los niños, no sólo en el ámbito escolar, sino también a la hora del patio, el comedor o en las actividades extraescolares. Y es que, según un estudio del gobierno catalán elaborado con datos de alumnos de cuarto de ESO, si en 2006 un 68 % interaccionaba siempre en catalán en las actividades en grupo, ahora sólo lo hace un 21 %.

A esta campaña se ha sumado el líder de ERC, Oriol Junqueras, que pide que el Gobierno central garantice que el catalán sea la única lengua vehicular en la educación en Cataluña.

Universidad

Este es otro de los frentes en los que la Generalitat está actuando con más contundencia. En septiembre la consejera del ramo, Gemma Geis, anunciaba que cada universidad tenía que hacer un informe semestral en el que se recojan las incidencias que pueda haber sobre cambios en la lengua de las asignaturas, las causas, y también el seguimiento y la respuesta que se da por parte del centro universitario. El objetivo es que no se repitan cambiar de lengua sólo porque lo pide un alumno, aunque venga de otra comunidad autónoma o del extranjero y no conozca el catalán.

Luego se sumó Plataforma con la lengua con su campaña para denunciar a los profesores que cambien de lengua durante una clase (de catalán a castellano), y puso en marcha una web: alauniversitatencatala.cat.

En cualquier caso, la consejera de Universidades, Gemma Geis, también ha dejado claro que no tiene intención de cumplir las sentencias del TSJC sobre el castellano. Y lo ha demostrado en varias ocasiones. Ya tuvo un frente abierto en verano con la sentencia a cuentas de la selectividad. El alto tribunal pidió que se facilitaran los exámenes en catalán, castellano y aranés para no perjudicar a los estudiantes castellanohablantes, y además que no se identificara a ningún alumno por pedir las pruebas en castellano.

Plataformas audiovisuales

Es el último caballo de batalla de la Generalitat y de los partidos independentistas. De hecho, ERC puso como condición sine qua non para permitir la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado que la futura Ley estatal del Audiovisual contemple una cuota de producción para el catalán. Cuota que en principio debe fijar ERC, y que obligaría a Netflix, Disney, HBO o Amazon. Según, cómo no, Plataforma per la Llengua, Netflix tenía en su catálogo 326 películas con una versión doblada o subtitulada en catalán, pero que no se ofrecían al público. Y Disney tenía este verano 35 películas disponibles en catalán en su catálogo y había otras 144 con versión doblada que no se ofrecían.

Redes sociales

También la Generalitat ha impulsado campañas para favorecer el uso del catalán en Youtube, TikTok o Instagram. Es el caso de la campaña «A la xarxa, peta-ho en català» (en la red, pétalo en catalán) que empezó a circular a finales del año pasado. Va dirigida a los jóvenes que usan el catalán para dirigirse a sus amigos o familiares, pero que, en cambio, prefieren el español para comunicarse a través de sus redes sociales.

Todo ello viene a raíz de un informe encargado por el gobierno catalán titulado: Catalán, Youtubers e Instagramers. Un punto de partida para promover el uso de la lengua. El estudio analizaba el uso del catalán en los contenidos generados por estrellas del mundo digital dirigidos a adolescentes y jóvenes, y se formulaban propuestas para la promoción del catalán en este ámbito. El estudio atribuye la «minoración» del catalán en las redes a las dinámicas del mercado o a las «ideológicas». Y ante esta situación se planteaban varias líneas de acción, como el estímulo económico, el posicionamiento de los contenidos catalanes en las plataformas, la remuneración suplementaria de visitas para compensar el sesgo económico que supone para los youtubers e influencers la dificultad de monetizar sus trabajos, o el impulso de la presencia de influencers catalanes en acontecimientos para que hagan la adaptación en reproducción en línea a sus formatos de trabajo.

Comercios y servicios

En este caso la acción de la Generalitat se centra en las multas lingüísticas para aquellos establecimientos que no rotulen en catalán. Según datos de la Agencia Catalana de Consumo, en 2020 se impusieron 87 multas por motivos lingüísticos, de las casi 790 sanciones que se registraron. En total, unos 52.800 euros. Y eso, que fue un año marcado por la pandemia. En 2019 este organismo impuso 94 sanciones, más que nunca, a pesar de que el Tribunal Constitucional las considera ilegales.

También en este punto Plataforma per la Llengua juega un papel importante, porque en su página web recoge un apartado para denuncias o quejas por no usar el catalán en un comercio, en un restaurante, en la administración o en cualquier otro ámbito. Y también señala públicamente, a través de las redes sociales, a aquellos establecimientos o trabajadores que no hablan catalán.

Según datos ofrecidos por esta entidad, en Santa Coloma de Gramanet «sólo un 38 % de los establecimientos» tenían rotulación en catalán, mientras que en Cornellà, otra ciudad del área metropolitana de Barcelona, el porcentaje subía un poco más, al 41%. Datos que para Plataforma per la Llengua demuestran que no funciona la inspección por parte de la Generalitat, ni su capacidad sancionadora.

Estos son algunos de los ámbitos en los que se intenta potenciar el uso del catalán. Algunos miembros del gobierno de la Generalitat han denunciado que en TV3 se habla demasiado en castellano. Recientemente Junts, ERC y la CUP aprobaron una moción en la que se instaba a que no se tradujeran al castellano las ruedas de prensa en el Parlament. Y es que es habitual, especialmente al final de la comparecencia, que se pida repetir algunas de las respuestas en castellano.

Y tampoco pasan desapercibidos algunos mensajes de consejeros. La de Justicia, Lourdes Ciuró, incluye en las respuestas parlamentarias a los diputados de Ciudadanos mensajes en los que reprocha que hablen en castellano. Así, por ejemplo, en una respuesta al líder de la formación naranja, Carlos Carrizosa, le puso esta frase de Ovidi Montllor: «Hay gente a quien no le gusta que se hable, se escriba o se piense en catalán. Es la misma gente a quien no le gusta que se hable, se escriba o se piense». 

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