Vic rechaza una carpa a favor del español por ir contra «la moral, las buenas costumbres y el orden público»

El Ayuntamiento de Vic ha denegado que la plataforma «Escuela de Todos» instale una carpa para informar y recoger firmas con el objetivo de que el gobierno catalán cumpla con la sentencia del TSJC que le obliga a que en todo el sistema educativo se den al menos, un 25% de las clases en castellano. Pues bien, el consistorio, gobernado por Junts per Catalunya, se basa para tomar su decisión en el artículo 96.3 de la Ordenanza municipal que dice textualmente: «No se autorizará ninguna licencia para ejercer en la vía pública, actividades contrarias a la moral, a las buenas costumbres ciudadanas o al orden público». Desde la entidad piden a la alcadesa de Vic, Anna Erra, una rectificación inmediata.

«Escuela de Todos» está llevando a cabo en las últimas semanas una campaña para conseguir que el Govern cumpla con las sentencias judiciales en relación al uso del castellano en la educación. Para ello cada fin de semana instalan carpas informativas en diferentes municipios de Cataluña. Este sábado, por ejemplo, estarán en Barcelona, Terrassa, Sant Adrià del Besòs, Tarragona o Gerona, de 10 a 14 de la tarde.

Recogida de firmas

En el caso de Vic, el pasado martes desde el Ayuntamiento se envió un correo electrónico a la plataforma en el que pedían más información sobre qué actividad llevarían a cabo en la carpa que tenían previsto instalar el 30 de enero en la calle Bisbe Strauch esquina con el Paseo de la Generalitat. Desde ‘Escuela de Todos’ respondieron que pretendían «informar y recoger firmas para que se lleve a cabo la sentencia judicial que obliga a los colegios públicos de toda Cataluña a dar un 25% de clases de lengua castellana». 

Una explicación que no ha convencido a los responsables municipales, que ven que esta actividad es contraria a la Ordenanza de civismo. Por cierto, que la plataforma ya ha recogido, de momento, unas 15 mil firmas.

Y es que recordemos, desde el gobierno de la Generalitat han dejado claro que no tienen intención de cumplir la sentencia del TSJC sobre el 25% de castellano. Se ha instado incluso a que a los equipos directivos de los centros educativos desobedezcan las resoluciones del alto tribunal y se les ha ofrecido los servicios jurídicos de la Generalitat para dar cobertura jurídica a los que no la apliquen.

De momento, hay un instituto público, el Lacetània de Manresa, que, atendiendo a las directrices del departamento de Educación, va a mantener su proyecto lingüístico. Y todo ello a pesar de la solicitud de una familia que pedía más horas de castellano en virtud de la sentencia del TSJC. Con anterioridad, recordemos, tres institutos de la provincia de Gerona, el de Celrà, el de Sarrià de Ter y el Salvador Espriu de Salt, se adhirieron a un manifiesto el que se dejaba claro que iban a mantener sus proyectos lingüísticos.