Europa admite la demanda de 20 diputados contra el Constitucional por retrasar la sentencia del aborto

El Constitucional se afana en resolver el recurso del PP contra la Ley del Aborto que lleva los últimos 11 años durmiendo el sueño de los justos en el seno del Tribunal de Garantías, antes de su próxima renovación. Desde ahora tiene un motivo más: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha admitido la demanda presentada el pasado mes de junio por una veintena de diputados –dos de ellos en activo y de Vox– de los 71 que en su día firmaron el recurso contra la ley de plazos aprobada bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, contra el TC, por una violación del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que garantiza el derecho a un proceso judicial sin dilaciones indebidas. 

Así consta en una resolución remitida por la Secretaría del órgano judicial europeo a uno de los diputados recurrentes del texto legal, el exparlamentario José Eugenio Azpiroz, a la que ha tenido acceso El Debate. «El caso será sometido a examen del Tribunal tan pronto como sea posible, según los documentos e informaciones proporcionados» al respecto del «retraso injustificado» del Constitucional español en el caso del recurso contra la Ley aborto que instauró el sistema de plazos. 

Se trata de la primera vez que el TEDH registra, y admite, una reclamación formal de esta naturaleza y contra el Tribunal Constitucional español. No en vano, la diputada de Vox por Murcia Lourdes Méndez Monasterio, una de las impulsoras de la demanda, ha recordado para El Debate cómo «en Estrasburgo lo más común, en el 95% de los casos es que las denuncias se rechacen». 

Condena por omisión de Justicia

«A pesar de que el propio TC declaró «prioritario» este recurso, lleva once de retraso, sin causa que lo justifique. Contra lo previsto en la Constitución y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el TC está denegando su derecho constitucional de acceso a la justicia a lograr un pronunciamiento del TC sobre las leyes que recurren ante ese tribunal», valoraba Méndez Monasterio en su momento. 

Esta situación también motivó, el pasado verano, la presentación de una querella contra el último ponente encargado de dar una solución a la polémica norma, el magistrado Andrés Ollero, y todos los presidentes al frente del órgano constitucional, desde la presentación del recurso popular, que finalmente era desestimada por la Sala Segunda del Supremo. Ni la Fiscalía ni el Alto Tribunal vieron delito alguno ni retardo malicioso en el hecho de la que norma no hubiese sido revisada, una década después de su impugnación.

Ahora, la Justicia europea ha aceptado investigar qué ha pasado en el seno del Constitucional español para que una década después de su aprobación, la norma recurrida por el Partido Popular no haya recibido una solución. Hay «muchas probabilidades» de que el Tribunal de Garantías «resuelva antes» de que el TEDH llegue si quiera a dar un tirón de orejas al órgano judicial, apuntan fuentes conocedoras del caso a El Debate. Sin embargo, el hecho de que esta denuncia «esté en trámite» será un acicate más para que el Pleno que preside Pedro González-Trevijano avance en la presentación de una sentencia que zanje la cuestión.