La Audiencia Nacional prolonga seis meses la investigación de los contratos entre Iberdrola y Villarejo

El juez de la Audiencia Nacional que investiga los presuntos contratos suscritos entre Iberdrola S.A y las empresas del Grupo Cenyt, propiedad del excomisario José Manuel Villarejo, continuará practicando diligencias en esta pieza separada del 'Caso Tándem', la número 17, durante seis meses más, hasta el próximo día 27 de julio. Así lo ha acordado el magistrado Manuel García Castellón, en un auto que se ha notificado a las partes este jueves, con el fin de practicar pesquisas adicionales hasta completar la instrucción de la macrocausa. 

En su resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha acordado citar a un total de quince nuevos testigos, afectados directos por las escuchas telefónicas, sin autorización judicial, y seguimientos del excomisario, en el marco de sus relaciones con Iberdrola: Juan Romo Aguilar, Josefa Caro Gamaza, Arantxa Azcúnaga, Manuel Gómez Laguna, Ángel Francisco Fernández Salas, Fernando José Ordóñez Monteagudo, Andrés Merchan Cotos, Rafael Palomino Kaiser, Francisco Cremades Leguina, Luis Francisco Cremades Ugarte, Gustavo Buesa, Corneliu Dica, Antonio Holguín Quintana, Francisco Javier García Saldaña.

Entre ellos, además, se incluye al comisario Enrique García Castaño, que declarará en calidad de investigado, al estar inmerso en otras piezas del procedimiento, como la Principoal, y al haber prescrito sus responsabilidades como presunto autor de los dos delitos de «descubrimiento y revelación de secretos que se le pudieran atribuir» en esta pieza, atendiendo a las fechas de desarrollo del denominado Proyecto Arrow que se rastrea en la misma. 

También, en calidad de investigado, tendrá que comparecer el que fuera responsable del área Corporativa de Seguridad en el Extranjero del Grupo Iberdrola, en el momento de producirse los hechos, Enrique Victorero, cuya firma figura «en la factura número 17/12», de 14 de febrero de 2012, por un importe total de 29.500 euros, bajo el concepto «servicios de apoyo logístico y seguridad a personal en Rumanía» por un presunto encargo previo de la compañía a Villarejo. 

El magistrado ha ordenado, en el mismo auto, retirar la condición de parte querellante a Iberdrola S.A., dado que «los hechos que determinan su personación, la posible falsedad en documento privado» que la mercantil exhibía contra su exdirectivo José Antonio del Olmo, «queda fuera del presente procedimiento». No así, el hecho de que del Olmo podría quedar reconocido como una figura especídica prevista en la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de octubre del 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (whistleblower). Ahora, tanto la Fiscalía como el resto de partes personadas en la investigación de la causa, tendrán que pronunciarse sobre esta posibilidad planteada por Gacía-Castellón

El magistrado ha rechazado la solicitud de sobreseimiento del ex jefe de Seguridad de Ibredrola Antonio Asenjo, el único responsable de los contactos de la eléctrica con el comisario jubilado, según lo declarado por el actual presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, en sede judicial. «No puede accederse en este momento a la petición interesada a la vista de las diligencias que restan por practicar, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de las mismas y en todo caso, una vez practicadas, sin demora, las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos objeto de la presente pieza», reza el auto.