La Comunidad de Madrid descarta acciones legales contra Casado

«ni se ha planteado el asunto», aseguran fuentes próximas a Isabel Díaz Ayuso. La polémica surgida entorno a un presunto «espionaje» urdido desde la cúpula de su partido, que ha dinamitado al PP, no será causa judicial en lo que dependa la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y ello pese a que el propio Pablo Casado, presidente de los populares, reconocía en su primera entrevista tras estallar el escándalo que le llegó a Génova «una información con datos fiscales y bancarios, imagino que de entidades públicas» sobre el entorno de Díaz Ayuso. Una supuesta documentación que, de acuerdo, con el Código Penal vigente podría ser constitutiva de un delito del artículo 197.2: «Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere (...) en perjuicio de tercero, de datos reservados de carácter personal (...) registrados en ficheros o en cualquier otro tipo de archivo o registro público y privado».

Las declaraciones de Casado hicieron saltar todas las alarmas. La tesis de que el presunto dosier sobre ciertas irregularidades en las que habría incurrido el Gobierno de la Comunidad de Madrid, para favorecer a Tomás Ayuso, hermano de la presidenta madrileña, existía y que cayó en manos del presidente del PP, no era para menos.

La pregunta sobre el origen de la entrega continúa en el aire, aunque sí ha habido reconocimiento expreso sobre cómo Casado llamó a La Moncloa para saber si detrás de aquella documentación, con datos privados de un tercero, estaba Pedro Sánchez. «Deduje que [la información sobre su hermano] venía de alguna entidad pública, pero no le dije a Ayuso que procedía del Gobierno», insistió el líder de los populares.

En nuestro país, los datos de las declaraciones de ingresos y pagos a la Agencia Tributaria (AET) son confidenciales entre Hacienda, la empresa correspondiente y el trabajador al que afecten. De manera que, si esos datos trascienden sin el permiso del interesado, se trata de una ilegalidad que infringe varias leyes tanto españolas como europeas.

Casado no ha querido revelar el origen del dosier sobre el hermano de Ayuso por el supuesto cobro de comisiones en un contrato sanitario de mascarillas. Asegura que no salió de Moncloa

Sin embargo, «por el momento» ha quedado «descartado» en Sol la denuncia o la querella contra Pablo Casado por lo que, a todas luces, apunta a una operación para «desprestigiar» a Isabel Díaz Ayuso, como ella misma afirmó en su comparecencia del pasado jueves. Tampoco las habrá contra el secretario general del partido, Teodoro García Egea, a quien Casado ha blindado pese a las críticas abiertas desde el seno de la formación donde muchos apuntan a su salida como única solución para resolver la profunda crisis en la que, tras lo ocurrido en los últimos días, ha quedado sumido el PP.

Nadie en las filas populares se atreve a pronosticar qué pasará, en los próximos meses, después de que esta semana tanto Pablo Casado como Isabel Díaz Ayuso oficializaran una guerra que llevaban tiempo librando sus entornos en los medios de comunicación, los reservados de los restaurantes y los despachos. Lo único que sí ha quedado claro es que Casado tendrá que dar, a buen seguro, explicaciones detalladas de cómo siendo conocedor de una información tan sensible como los datos fiscales, laborales y bancarios del hermano de Díaz Ayuso, Tomás, no lo puso en conocimiento inmediato de la Fiscalía.

Sea lo que sea, lo que está por llegar no será una guerra relámpago, habida cuenta del anuncio del secretario general del PP de la apertura de un expediente informativo contra la presidenta madrileña que tardará al menos semanas en resolverse. Si no meses. La otra parte dará la batalla pero, de momento, no en los tribunales.