Jucil señala que la Ley de Seguridad Ciudadana «rebaja la autoridad de guardias civiles y policías»

Un informe realizado por tres juristas universitarios a petición de la asociación de guardias civiles Jucil, concluye que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana pactada por PSOE y Podemos «rebaja las potestades de la autoridad administrativa y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando se trata de tutelas la seguridad pública, bienes y derechos de terceros que puedan verse afectados».

Este informe fue encargado por Jucil para «que sirva a los legisladores como base de lo que se requiere para la mejora de esta normativa». Según el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, «este documento nos permite cimentar y consolidar nuestra opinión sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana con mayor objetividad».

Los puntos más polémicos

Sobre la no necesidad de avisar de las convocatorias de manifestaciones, el informe precisa que «lo que hace es dificultar que tanto la autoridad administrativa como las fuerzas y cuerpos de seguridad ciudadana y el disfrute pacífico por el conjunto de los ciudadanos de sus derechos y libertades».

Acerca de la no prohibición de grabar los rostros de los agentes en sus intervenciones, el informe señala «que la seguridad familiar de los agentes quedaría mermada, haciendo recaer sobre los agentes el peso de conseguir la protección de sus derechos de la personalidad». Por lo tanto, el pacto alcanzado entre PSOE y Podemos «va en la línea de disminuir las garantías de las que gozan los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para cumplir con su misión de velar por la seguridad ciudadana».

El informe considera que la prohibición de uso de determinados materiales antidisturbios «supondría una pérdida operativa en el almacenamiento y restablecimiento del orden público y la seguridad ciudadana, en casos en que, por su gravedad, la disolución de una reunión o manifestación aconseje la utilización de un medio disuasorio activo».

Al mismo tiempo, defiende el valor probatorio de la declaración de la Guardia Civil y Policía en los casos de sanciones administrativas. Según este informe, «de suprimirse la presunción de veracidad, los agentes podrían alegar reparos a la hora de intervenir en situaciones complejas, ante el temor de que la duda planeara sobre su profesionalidad e imparcialidad».

La Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana se está tramitando en estos momentos en el Congreso de los Diputados, concretamente en la Comisión de Interior, aunque la Proposición, presentada en su día por el PNV, cuenta ya con el acuerdo previo de PSOE y Podemos para introducir una serie de enmiendas que no ha hecho sino levantar el descontento entre los cuerpos policiales.